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REFORMABILIDAD, PROGRESIVIDAD E INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
Ciudad de México 1 Contributor
September 15, 20161 Version
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Ciudad de México. (2016). REFORMABILIDAD, PROGRESIVIDAD E INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN. PubPub, [https://www.pubpub.org/pub/constitucioncdmx-reformabilidad] version: 57dae7564099fb39005db72f

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Ciudad de México. "REFORMABILIDAD, PROGRESIVIDAD E INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN". PubPub, (2016). [https://www.pubpub.org/pub/constitucioncdmx-reformabilidad] version: 57dae7564099fb39005db72f

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Ciudad de México. "REFORMABILIDAD, PROGRESIVIDAD E INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN". PubPub, (2016). [https://www.pubpub.org/pub/constitucioncdmx-reformabilidad] version: 57dae7564099fb39005db72f
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TÍTULO SÉPTIMO - DE LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL

Artículo 74 - Reformabilidad constitucional

1. Esta Constitución podrá ser reformada en todo o en parte por el Congreso de la Ciudad de México. Las reformas deberán ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso local, en dos períodos de sesiones ordinarios sucesivos, excepto cuando las reformas tengan como propósito efectuar adecuaciones derivadas de un mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo caso se aprobarán en una sola sesión por la misma mayoría.
2. El Tribunal Constitucional determinará los casos en que procederá el referéndum para la aprobación de reformas a esta Constitución.
3. La reforma integral a esta Constitución requerirá la realización obligatoria de referéndum.

Artículo 75 - Progresividad constitucional

En materia de los derechos y libertades conquistados en la Ciudad de México, esta Constitución y las leyes que de ella emanen, sólo podrán reformarse para ampliar, proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo.

Artículo 76 - Inviolabilidad constitucional

Esta Constitución no puede ser alterada por actos de fuerza ni admite el estado de excepción. Mantiene su vigencia incluso si se interrumpe el orden institucional. Sólo por vía democrática puede ser modificada. La ciudadanía tiene el derecho a resistirse ante quienes pretendan negarla arbitrariamente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, excepto por lo que hace a la materia electoral, misma que será aplicable a partir del día siguiente al de su publicación, y a los supuestos expresamente establecidos en los artículos transitorios siguientes.
SEGUNDO.- Las normas del Estatuto de Gobierno de Distrito Federal y los ordenamientos legales aplicables a la entidad federativa que seText Box: ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, excepto por lo que hace a la materia electoral, misma que será aplicable a partir del día siguiente al de su publicación, y a los supuestos expresamente establecidos en los artículos transitorios siguientes.

SEGUNDO.- Las normas del Estatuto de Gobierno de Distrito Federal y los ordenamientos legales aplicables a la entidad federativa que se 
encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Constitución, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que los sustituyan, siempre que no contravengan lo establecido en la misma.
TERCERO.- Las instituciones y autoridades de la Ciudad de México conservarán sus denominaciones, atribuciones y estructura hasta en tanto no entren en vigor las leyes respectivas, de conformidad con lo previsto por esta Constitución.
CUARTO.- Los derechos reconocidos en la Ciudad de México antes de la entrada en vigor de esta Constitución mantendrán su vigencia y se aplicarán conforme al principio de progresividad en todo lo que no se oponga a la misma.
QUINTO.- A partir del inicio de la vigencia de esta Constitución, todas las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a adecuar su actuación conforme a los principios y derechos reconocidos por la misma.
El Congreso expedirá la ley constitucional en materia de derechos humanos y sus garantías, la cual desarrollará los derechos humanos, principios y mecanismos de exigibilidad reconocidos por esta Constitución; asimismo regulará la organización, funcionamiento y atribuciones de la Defensoría del Pueblo, a más tardar el 31 de diciembre de 2018, misma que deberá entrar en vigor el 1 de febrero de 2019.
SEXTO.- Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar sobre los procedimientos e instituciones electorales que resultarán aplicables al proceso electoral 2017-2018, las cuales deberán estar publicadas a más tardar noventa días naturales antes del inicio de dicho proceso.
Las normas relativas a la elección de los poderes locales de la Ciudad de México se aplicarán a partir del proceso electoral para los comicios del año 2018.
La I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México que será electa en 2018 se integrará por 66 diputadas y diputados, 40 electos por el principio de mayoría relativa y 26 por el de representación proporcional. La geografía electoral aplicable a esta elección será la misma que se utilizó en la integración de la VII Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2015, conforme a la distritación electoral local vigente para esa elección. El sistema electoral y las reglas para la elección de los 40 diputadas y diputados de mayoría relativa y para la asignación de las y los 26 diputados de representación proporcional establecidos en esta Constitución, entrarán en vigor a partir de la elección de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en 2018.
El primer período ordinario de sesiones del primer año de la I Legislatura del Congreso iniciará el 17 de septiembre de 2018.
El Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones de la Ciudad de México realizará las gestiones necesarias para que las autoridades electorales competentes lleven a cabo la redistritación para que la elección de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se realice en los términos previstos por esta Constitución. A partir de 2021 los mecanismos de participación ciudadana se desarrollarán de conformidad con la nueva geografía electoral.
Lo dispuesto en el artículo 34, apartado B, numeral 6 de esta Constitución, entrará en vigor a partir de la elección de 2021.
El Jefe de Gobierno electo en 2018 entrará en funciones el 5 de diciembre de 2018.
SÉPTIMO.- Las normas relativas a la elección de las Alcaldías se aplicarán a partir del proceso electoral para la elección constitucional del año 2018.
La elección de las Alcaldías en el año 2018 se realizará con base en la división de las dieciséis demarcaciones territoriales del Distrito Federal vigente hasta la entrada en vigor de esta Constitución. Los Concejos de las dieciséis Alcaldías electos en 2018 se integrarán por la o el Alcalde y diez Concejales electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en una proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo.
La ley determinará las fórmulas para la asignación de las y los Concejales por el principio de representación proporcional, de conformidad con sistema electoral y las reglas previstos por esta Constitución.
Las y los Jefes Delegacionales electos en el proceso electoral local ordinario del año 2015 no podrán ser postulados para integrar las Alcaldías en el proceso electoral local ordinario del año 2018.
Lo dispuesto en el artículo 59, apartado A, párrafo 5 de esta Constitución, entrará en vigor a partir de la elección de 2021.
Dentro de las funciones que corresponden a las Alcaldías, las leyes locales contemplarán, al menos, aquellas que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente a la entrada en vigor de la presente Constitución, señala para las personas titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con base en lo establecido en esta Constitución.
Las competencias de las Alcaldías a que se refiere el presente artículo transitorio, deberán distribuirse entre la o el Alcalde y el Concejo de la Alcaldía, en atención a lo dispuesto en esta Constitución.
OCTAVO.- Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publicada la Constitución Política de la Ciudad de México y a más tardar el 31 de diciembre de 2017, expida las leyes constitucionales relativas a la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, necesarias para la implementación de las disposiciones constitucionales relativas a la organización política y administrativa de la Ciudad de México, así como para que sus autoridades ejerzan las facultades que establece esta Constitución. Las leyes relativas al Poder Legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2018; las del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 2018 y las del Poder Judicial el 1 de junio de 2019, con excepción de las disposiciones relativas al Consejo Judicial Ciudadano y al Consejo de la Judicatura, las cuales deberán iniciar su vigencia a partir del 1 de octubre de 2018; así como las del Tribunal Constitucional, que deberán iniciar su vigencia a partir del 1 de agosto de 2019.
Una vez publicada la Constitución Política de la Ciudad de México y a más tardar el 31 de diciembre de 2017, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá expedir las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y competencias de las Alcaldías. Dichas leyes entrarán en vigor el 1 de octubre de 2018.
El Jefe de Gobierno tendrá la facultad exclusiva de presentar las iniciativas de las leyes constitucionales previstas en este artículo a más tardar el 31 de mayo de 2017.
Las leyes a que se refiere este artículo deberán aprobarse por mayoría de dos tercios de las y los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
NOVENO.- Las y los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se integrarán en el Poder Judicial de la Ciudad de México, una vez que éste inicie sus funciones, de conformidad con lo que establece esta Constitución.
A partir del inicio de la vigencia de la legislación relativa, el Congreso deberá integrar al Consejo Judicial Ciudadano a más tardar el 31 de diciembre de 2018. Este Consejo, deberá presentar sus propuestas de integrantes del Consejo de la Judicatura, a más tardar el 15 de marzo de 2019. El Congreso deberá aprobar los nombramientos de las y los Consejeros de la Judicatura a más tardar el 30 de abril de 2019, cuyos integrantes se designarán por el procedimiento establecido en esta Constitución.
Para la sustitución escalonada de las y los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, en la primera integración, el Congreso designará a cinco consejeras o consejeros ciudadanos que ocuparán el cargo por cuatro años, a tres consejeras o consejeros que lo ocuparán tres años y a tres consejeras o consejeros que lo ocuparán dos años.
Para la sustitución escalonada de las y los consejeros de la Judicatura, en la primera integración, el Consejo Judicial Ciudadano propondrá al Congreso local a las o los cuatro consejeros ciudadanos que ocuparán el cargo por seis años y a las y los consejeros de carrera judicial que lo ocuparán por dos, tres y cuatro años, respectivamente.
Los procedimientos del Consejo de la Judicatura iniciados antes del 17 de septiembre de 2018, se agotarán en los términos de las disposiciones vigentes hasta antes de la entrada en vigor de la presente Constitución.
El Consejo de la Judicatura deberá proponer a las y los integrantes del Tribunal Constitucional a más tardar el 15 de junio de 2019 y el Congreso deberá aprobar su nombramiento a más tardar el 31 de julio del mismo año.
Para la sustitución escalonada de las y los integrantes del Tribunal Constitucional, en la primera integración, el Consejo de la Judicatura propondrá al Congreso local a las o los cuatro magistrados que ocuparán el cargo por seis años y a quienes lo ocuparán por dos, tres y cuatro años, respectivamente. Este Tribunal iniciará sus funciones el 1 de agosto de 2019.
El Tribunal Constitucional deberá instalar juzgados tutelares en cada una de las Alcaldías, mismos que deberán entrar en funcionamiento a más tardar el 1 de enero de 2020. La competencia de dichos juzgados, así como el procedimiento que deberá seguirse ante estos para el ejercicio de las acciones de protección efectiva de derechos.
DÉCIMO.- Salvo disposición en contrario, el Congreso de la Ciudad de México deberá expedir o realizar las reformas y adiciones a las leyes orgánicas y reglamentarias de los organismos autónomos establecidos en esta Constitución, para adecuarlas a lo dispuesto por la misma, a más tardar el 30 de abril de 2019.
Los consejos ciudadanos encargados de la integración de los organismos autónomos, deberán constituirse en un plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley de la materia.
Las autoridades competentes deberán realizar las acciones necesarias para que los organismos autónomos inicien sus funciones de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución, a más tardar dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la legislación en la materia.
La ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia deberá ser expedida a más tardar el 31 de octubre de 2018 y su titular designado a más tardar el 30 de abril de 2019, en los términos previstos por esta Constitución.
Se faculta a la VII Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que expida la legislación relativa a la organización y atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa, así como al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, en los términos previstos por la normatividad en la materia.
DÉCIMO PRIMERO.- Las disposiciones relativas a los sistemas establecidos en esta Constitución deberán entrar en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2019. Las autoridades competentes realizarán las acciones necesarias para implementar estos sistemas de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución, a más tardar dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la legislación en la materia.
La legislación en materia de planeación deberá entrar en vigor a más tardar el 30 de abril de 2019 y el Instituto de Planeación se instalará a más tardar el 1 de julio de 2019. La o el Jefe de Gobierno que entre en funciones el 5 de diciembre de 2018 elaborará un programa provisional de gobierno que será vigente hasta el 1 de enero de 2020, fecha en que entrarán en vigor los instrumentos derivados del sistema de planeación previstos en esta Constitución.
DÉCIMO SEGUNDO.- El Gobierno de la Ciudad de México deberá presentar la propuesta educativa correspondiente a los servicios de educación inicial, comunitaria, técnica profesional, educación especial y complementaria o de extensión académica, de atención a la diversidad étnica o cultural, en un plazo que no exceda los dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de las leyes en la materia.
El Congreso tendrá un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de esta Constitución para expedir la ley de educación de la Ciudad de México y demás ordenamientos que se deriven de la promulgación de la misma. El sistema educativo deberá implementarse a más tardar en los 180 días posteriores de la entrada en vigor de estas leyes.
DÉCIMO TERCERO.- Las disposiciones sobre el uso medicinal e investigación científica de la cannabis, previstas en el artículo 14, apartado F, numeral 7 de esta Constitución, entrarán en vigor cuando la ley general en la materia lo disponga.
DÉCIMO CUARTO.- Las disposiciones relativas a las relaciones laborales entre las instituciones públicas de la ciudad y sus trabajadores, establecidas en el artículo 15, apartado G y demás relativos de esta Constitución, entrarán en vigor el 1 de enero de 2020. El Congreso de la Ciudad de México deberá expedir la legislación en la materia a más tardar el 31 de julio de 2019.
En tanto el Congreso expide la legislación a que se refiere el párrafo anterior, las relaciones laborales entre la Ciudad de México y sus trabajadores que, hasta antes de la entrada en vigor de esta Constitución, se hubieren regido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, continuarán normándose por dicha Ley.
Las y los trabajadores de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales y sus organismos autónomos, así como de las entidades paraestatales de la Administración Pública local conservarán los derechos adquiridos que deriven de la aplicación del orden jurídico que los rija al momento de entrar en vigor de las disposiciones de esta Constitución, en la materia.
Las y los trabajadores de los órganos públicos de la Ciudad de México que hasta el 31 de diciembre de 2019 se encuentren incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, continuarán sujetos al mismo régimen de seguridad social. Aquellos órganos públicos cuyos trabajadores no sean derechohabientes de dicha institución a la entrada en vigor de las disposiciones relativas a las relaciones laborales entre el gobierno de la ciudad y sus trabajadores, podrán celebrar convenio en los términos de la ley de dicho Instituto y de las leyes locales.
Las autoridades competentes de la Ciudad de México deberán realizar las acciones necesarias para que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje inicie sus funciones a más tardar dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la legislación en la materia.
En tanto no se encuentre en funciones el Tribunal Local de Conciliación Arbitraje de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución, los conflictos relacionados con las relaciones laborales entre las instituciones públicas de la ciudad y sus trabajadores se conocerán y se resolverán por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
DÉCIMO QUINTO.- Los recursos de revisión interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104, fracción III de esta Constitución, que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor de esta Constitución, continuarán el trámite que corresponda conforme al régimen jurídico aplicable al momento de su interposición, hasta su total conclusión.
En tanto en la Ciudad de México no se emitan las disposiciones legales para la presentación y sustanciación de los recursos de revisión interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, dichos recursos serán conocidos y resueltos por los Tribunales de la Federación, en los términos de la fracción III del artículo 104 constitucional.
DÉCIMO SEXTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.
DÉCIMO SÉPTIMO.- El Ejecutivo local promoverá la celebración de una Convención Nacional Fiscal que acuerde un sistema tributario y distributivo que incluya la revisión de las fórmulas de asignación de partidas presupuestales y contribuya a un nuevo pacto federal. El Congreso local promoverá las iniciativas pertinentes para una equitativa descentralización hacendaria federal.
DÉCIMO OCTAVO.- Los órganos de gobierno electos en los años 2012 y 2015 permanecerán en funciones hasta la terminación del periodo para el cual fueron electos. En su desempeño se ajustarán al orden jurídico establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes federales y locales, destinado a normar las funciones a su cargo. Salvo disposición expresa en la presente Constitución, las facultades y atribuciones establecidas por ésta, no serán aplicables a dichos órganos de gobierno, por lo que invariablemente se sujetarán a las disposiciones constitucionales y legales vigentes con antelación a su entrada en vigor.
DÉCIMO NOVENO.- Durante los procesos legislativos, el Congreso realizará consultas a los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, respecto de las leyes o decretos susceptibles de afectarles directamente, de conformidad con lo previsto en los instrumentos internacionales.
VIGÉSIMO.- El Congreso deberá adecuar la totalidad del marco normativo e institucional de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, salvo las disposiciones específicas previstas en estos artículos transitorios.
VIGÉSIMO PRIMERO.- Ningún proceso de reforma a esta Constitución podrá iniciarse antes del 1 de septiembre de 2021.
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