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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ciudad de México 1 Contributor
September 15, 20161 Version
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@article{EXPOSICINDEM2016, title={EXPOSICIÓN DE MOTIVOS}, author={Ciudad de México}, year={2016}, note={version: 57dae6edd673493900bff38e}, publisher={PubPub}, }

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Ciudad de México. (2016). EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. PubPub, [https://www.pubpub.org/pub/constitucioncdmx-motivos] version: 57dae6edd673493900bff38e

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INICIATIVA CON PROYECTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE REMITE EL C. JEFE DE GOBIERNO MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.

Exposición de motivos

Honorable Asamblea Constituyente de la Ciudad de México,
Diputadas y diputados:
Hoy 15 de septiembre, en cumplimiento del mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento este proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México para su discusión, en su caso modificación o adición, votación y aprobación.
Somos protagonistas de un momento culminante de la lucha por la autodeterminación de las y los habitantes de la ciudad, la evolución de nuestro federalismo y la democratización de las instituciones políticas del país. Estamos llamados a concretar el primer pacto social de las y los capitalinos que, desde hace siglos, han padecido la disminución de sus derechos políticos.
Este proyecto ha sido construido merced a la desinteresada participación de especialistas, académicos, dirigentes sociales y organizaciones ciudadanas. Es una síntesis de aspiraciones y demandas expresadas a lo largo de los años, así como de los avances alcanzados en la ciudad desde que ésta comenzó a elegir a sus gobernantes en 1997.
Pretende ser un instrumento jurídico que promueva y garantice el ejercicio pleno de las prerrogativas ciudadanas, el cumplimiento de sus obligaciones, la preservación y mejoramiento de nuestro entorno, el combate a la corrupción, la disminución de las desigualdades y el arribo al progreso distributivo y al bienestar social.
Éste no es un documento complaciente, sino fruto de un análisis crítico del pasado y del presente. Su punto de partida es el reconocimiento de las diversas formas de subordinación política, marginación económica y discriminación que, desde sus orígenes, han vivido los pobladores de la ciudad.
Asiento de la civilización más poderosa de Mesoamérica, eje resplandeciente del dominio colonial en nuestro continente y más tarde capital de los gobiernos independientes –republicanos, imperiales o revolucionarios– los distintos regímenes de gobierno restringieron y aun conculcaron los derechos de sus habitantes. Ha persistido la dicotomía entre la majestad del poder y la manumisión ciudadana.
Conforme al Derecho medieval, aquí se establecieron cabildos desde 1522 como espacios políticos de los conquistadores que languidecieron más tarde ante el predominio de las autoridades virreinales. En 1808 Francisco Primo de Verdad y sus compañeros del Ayuntamiento de la Ciudad de México reclamaron, ante el cautiverio del Rey de España, la devolución de la soberanía a los ayuntamientos, propuesta sofocada que poco después estallaría en Dolores.
Como resultado de la primera Constitución del México independiente se creó en 1824 el Distrito Federal, rodeado de ayuntamientos acotados, en la capital misma del Virreinato. A lo largo de ese siglo se adoptaron numerosas disposiciones para la organización política de la ciudad –unas federalistas, otras centralistas– pero la distribución del poder no se modificó en lo sustancial.
En 1847 se declaró a la Ciudad de México como entidad federativa y sus ciudadanos pudieron elegir senadores. A pesar de que Francisco Zarco defendió la coexistencia de poderes federales y locales en el Constituyente de 1857, prevaleció la supuesta incompatibilidad entre la soberanía de ambos. No obstante las agresiones, se impuso como el corazón de la República.
La Constitución de 1917 instituyó un Gobernador designado directamente por el Presidente pero se conservaron los municipios popularmente electos, hasta que en 1928 estos se suprimieron y fueron sustituidos por zonas delegacionales. Así se consolidaron los tres pilares del sistema posrevolucionario: el presidencialismo exacerbado, el predominio de un partido hegemónico y el control político, económico y militar del Ejecutivo sobre la capital.
Los movimientos sociales que determinaron el fin de ese régimen tuvieron como escenario principal a la Ciudad de México. Tras los acontecimientos trágicos de 1968 y 1971 se iniciaron reformas en el ámbito electoral que coadyuvarían al pluralismo político y al ejercicio de las libertades civiles. Diversos partidos y organizaciones abogaron por la autonomía de la ciudad.
El terremoto del 19 de septiembre de 1985 –fecha que podría designarse como el Día de la Ciudad– fue el detonante de la movilización y organización de las y los capitalinos que, ante la defección de los poderes federales, tomaron a su cargo las tareas de salvamento y reconstrucción. Innumerables agravios soterrados inundaron los espacios públicos y fue así como en 1988 se reconoció el triunfo electoral de la oposición en la Ciudad de México, convirtiéndose ésta en el epicentro de la transición democrática nacional.
La demanda de autonomía se expandió y en 1993 tuvo lugar un plebiscito organizado por la sociedad. El gobierno hubo de procesar reformas al artículo 122 de la Constitución General, expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y establecer un primer modelo de órganos de poder en la capital.
En las negociaciones de 1996 se logró la elección del Jefe de Gobierno y de los Jefes Delegacionales por sufragio universal. Desde entonces se propuso la autonomía del gobierno local para nombrar a todos sus funcionarios y el ejercicio de las facultades residuales por el legislativo local, que no fueron aprobadas por las mayorías del Congreso.
Desde el año 2000 se propuso dotar a la Ciudad de México de una Constitución. En 2001 la Asamblea Legislativa adoptó por unanimidad un proyecto de reforma constitucional federal para la ciudad, mismo que obtuvo mayoría abrumadora en la Cámara de Diputados pero fue frenado en el recinto de Xicoténcatl.
En 2010 un grupo de senadores hizo suya una iniciativa de la Asamblea Legislativa en el mismo sentido, que de nuevo fue sepultada en el Senado. En agosto de 2013 presenté una iniciativa que contribuyó al debate y aprobación de las Cámaras del Congreso y se concretó en la reforma del artículo 122 constitucional publicada el 29 de enero de 2016, que establece el marco y los objetivos de estos trabajos.
Este proyecto es resultado de amplios debates e intensa actividad colectiva del Grupo Redactor que convoqué el pasado 5 de febrero, apoyado por un Grupo de Asesores Externos. Ambos integrados de forma plural, con personalidades destacadas en diversos liderazgos sociales, especialidades y disciplinas. Actores civiles de reconocido prestigio en materia de derechos humanos, urbanismo y medio ambiente, así como de la academia, la cultura, la ciencia jurídica y la política.
Durante más de tres años, emprendimos una amplia consulta sobre la reforma política y los contenidos que debería tener la Constitución local, además de numerosos foros celebrados en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa y en las delegaciones. Se llevaron a cabo más de 500 reuniones con organizaciones de la sociedad, entre ellas: movimientos populares, sindicatos, empresarios, pueblos y comunidades indígenas, barrios originarios, asociaciones de trabajadores no asalariados, defensores de derechos humanos y de grupos de atención prioritaria. Solicitamos la contribución de las dependencias y órganos públicos de la ciudad, quienes a su vez realizaron encuentros con expertos de las áreas de su competencia. También sostuvimos diálogos con representantes de organismos internacionales y especialistas extranjeros en diversas materias.
Se recabaron cientos de documentos con reflexiones e iniciativas, incluyendo varios proyectos integrales de Constitución y propuestas a través de una plataforma virtual con cientos de miles de participaciones. Debemos destacar la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, como una aportación indiscutible del movimiento social que fue inspiración de estos trabajos.
He asumido con responsabilidad y convicción este proyecto progresista que se inscribe en el contexto del constitucionalismo social contemporáneo. En consonancia con las tendencias normativas más avanzadas, es necesario que los diferentes grupos sociales vean reflejadas sus agendas, demandas y derechos en el texto fundamental.
Se funda en una visión transversal desde las perspectivas de derechos humanos, género, inteculturalidad, intergeneracionalidad, diseño universal, derecho a la ciudad, participación ciudadana y derecho a la buena administración. Se construye sobre las decisiones políticas fundamentales como la soberanía popular, los derechos humanos, el gobierno representativo, abierto y participativo, la separación de poderes, la rendición de cuentas, la independencia de las y los jueces, la Constitución como ley suprema y el poder del pueblo para enmendarla.
Una carta acrecentada de derechos exige el cumplimiento de obligaciones recíprocas. El proyecto supone la corresponsabilidad de las y los ciudadanos en observancia de los compromisos contraídos; es eminentemente garantista: todos los derechos que contiene son exigibles y justiciables. El modelo propuesto reposa en una economía redistributiva y en un nuevo pacto fiscal de la ciudad y de ésta con la Federación. La satisfacción de los índices de bienestar y las necesidades de infraestructura dependerán en gran medida de la plusvalía de la ciudad y del éxito de la política de desarrollo.
Se plantea una renovación institucional que no genere costos excesivos a la ciudad. La mayoría de los organismos contemplados ya existen, pero cambian su denominación, naturaleza y facultades y en varios casos, los cargos son honoríficos. Los principios postulados implican un rediseño administrativo y judicial en profundidad que elimine el dispendio y establezca normas de racionalidad en el ejercicio del poder.
El documento se articula conforme a una nueva sistemática constitucional que favorecerá una adecuada interpretación jurídica y la fácil comprensión de las normas por la sociedad. Cada apartado tiene una denominación que describe su contenido, a fin de que todas y todos puedan saber de qué trata la Constitución y que su lectura no quede reservada a minorías. Confío en que la población de la ciudad se apropiará de este proyecto de Carta Magna y una vez aprobada la convertirá en una herramienta para su realización individual y colectiva.
El proyecto se integra por ocho títulos: principios constitucionales, carta de derechos, desarrollo sostenible de la ciudad, ciudadanía y ejercicio democrático, distribución del poder, buena administración, relación con el gobierno federal y reformabilidad, progresividad e inviolabilidad de la constitución. Comprende un todo interrelacionado que debiera analizarse en su conjunto y en sus especificidades.

1. Principios constitucionales

El título preliminar declara los principios fundamentales que deben regir la estructura política y social, la función pública y el gobierno de la Ciudad de México. Entre estos destacan: la autodeterminación de la ciudad, el reconocimiento de la diversidad y la pluriculturalidad, el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social de derechos, la construcción de ciudadanía, el diálogo social, la promoción de una cultura de paz y no violencia, el fomento al desarrollo económico sostenible y solidario con visión metropolitana, la distribución equitativa del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la igualdad sustantiva y la no discriminación, la preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural, así como la función social de la ciudad.
Este título expresa la naturaleza constitucional de la ciudad como una entidad libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior, parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, sede de los Poderes de la Unión y Capital Federal que adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, representativa, laica y popular con una división del poder, pluralismo político y participación social.
El proyecto se funda en el reconocimiento de que la soberanía de la Ciudad de México reside esencial y originariamente en el pueblo para la preservación, ampliación, protección y garantía de los derechos y el desarrollo de la sociedad. Se manifiesta a través de la responsabilidad compartida entre la ciudadanía, las comunidades y los poderes públicos.
Se reconoce la composición pluricultural de la ciudad, con base en la diversidad de sus tradiciones y expresiones locales, nacionales y globales. Reivindica su carácter de refugio, destino de migraciones y exilios, por lo que se fomenta el diálogo intercultural y la diversidad de sus representaciones. Además se destaca el diálogo entre las generaciones para la construcción del futuro,
El proyecto subraya que la función pública debe regirse por el ejercicio ético, racional y bajo estricto control administrativo de los recursos y con participación ciudadana. Se prohíben las prácticas clientelares o corporativas para la prestación o gestión de los servicios públicos y programas sociales.
Se establecen los principios de democracia directa, participativa y representativa para la organización del gobierno de la ciudad y las Alcaldías, obedeciendo al interés social, a la proximidad gubernamental y al principio de subsidiariedad, por el que las autoridades centrales no deben intervenir en asuntos que pueden resolver las autoridades más próximas a la ciudadanía, sino únicamente de manera solidaria.
El régimen innovador que propongo a esta soberanía, se soporta fundamentalmente en los artículos 1° y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar la vigencia de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte y ejercer las facultades que no están expresamente concedidas a la Federación.

2. Carta de derechos

Las discusiones para la elaboración de la carta de derechos plantearon problemas fundamentales sobre la metodología y sistematización de sus contenidos. Una de las disyuntivas consistió en definir si debían expresarse todos los derechos de forma exhaustiva en el texto del proyecto o sólo remitir a los que se encuentran en la Constitución federal y los tratados internacionales. Después de largas deliberaciones, se optó por una posición intermedia.
Ante las diversas posturas sobre la amplitud que debía tener esta carta, se acordó atender los siguientes criterios:
1. Ratificar el reconocimiento de todos los derechos contenidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales;
2. Destacar y precisar algunos que, si bien ya se encuentran en la Constitución Federal y en los tratados, son de particular relevancia para la ciudad, por ejemplo: al agua, vivienda y acceso a la justicia;
3. Constitucionalizar los avances conquistados en la Ciudad de México;
4. Incluir nuevos derechos como los de las familias, de las personas trabajadoras no asalariadas, el derecho a la ciudad, al espacio público, a la democracia, a la buena administración, a una renta básica progresiva, a la memoria, al cuidado, la protección a los animales, derechos culturales, entre otros; y
5. Reconocer derechos y medidas de nivelación dirigidos a la reducción de brechas de desigualdad de los grupos de personas que se consideran de atención prioritaria, entre los que se encuentran las niñas, niños y adolescentes; personas jóvenes; personas mayores; personas con discapacidad; población lésbico, gay, bisexual, trans e intersexual; personas migrantes y sujetas a protección internacional; víctimas; poblaciones en situación de calle; personas privadas de su libertad; personas que residen en instituciones de asistencia social; personas afromexicanas, afrodescendientes y de origen indígena que no viven en pueblo, comunidad o barrio originario.
Uno de los principales objetivos fue armonizar el concepto de persona como sujeto de derechos y la convivencia en la comunidad, por lo que en la estructura de este título, se decidió recuperar las definiciones planteadas en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad como el marco que orienta este proyecto, tales como: ciudad democrática, ciudad educadora, ciudad solidaria, ciudad productiva, ciudad incluyente, ciudad habitable, ciudad segura y ciudad garantista, en sustitución de la clasificación tradicional basada en generaciones de derechos.
Entre los principales avances que este proyecto constitucional contiene, se encuentran:
1. La dignidad humana como el fundamento de los derechos. Que todas las personas nacen libres e iguales y toda actividad pública o privada debe estar guiada por el respeto y garantía de los mismos.
2. El reconocimiento de la máxima jerarquía normativa de los derechos humanos, conforme a lo previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la implementación de los instrumentos internacionales, es decir su armonización y adopción en el marco normativo de la ciudad, a través de un Tribunal Constitucional;
3. La incorporación con un enfoque garantista del principio pro persona, en términos precisos;
4. La inclusión de una amplia carta de derechos que trasciende su carácter meramente declarativo y materializa su exigibilidad y justiciabilidad, a través de medios de defensa como la acción de protección efectiva de derechos y el juicio de restitución obligatoria de los mismos. Medidas que transformarían radicalmente la defensa de los derechos humanos en la ciudad;
5. El establecimiento de un sistema de indicadores que establezca metas anuales vinculadas al presupuesto y a la progresividad en la garantía de los derechos; y
6. El fortalecimiento de la autonomía del organismo público de defensa de los derechos humanos para convertirlo en una Defensoría del Pueblo mediante la modificación del proceso de designación de su cuerpo directivo, la corresponsabilidad ciudadana en la promoción y respeto de los derechos y la ampliación de facultades para la protección efectiva de los mismos.

3. Desarrollo sostenible de la ciudad

La sociedad aspira tener una ciudad próspera e incluyente que genere condiciones de habitabilidad adecuadas para el conjunto de la población a través de un desarrollo urbano, económico, social y ambientalmente sostenible.
El crecimiento desordenado y extensivo de la Ciudad de México ha propiciado problemas de funcionalidad, movilidad y de imagen urbana. La planeación y la política de desarrollo están disociadas del entorno rural y de las áreas de preservación ecológica.
Actualmente no contamos con instituciones de planeación y gestión del territorio que garanticen el aprovechamiento de éste con criterios regionales y metropolitanos integrales, con una perspectiva de largo plazo. Se ha mantenido una visión fragmentada, derivando en procesos de exclusión, marginación social y territorial.
Se ha carecido de continuidad y certidumbre en los planes de desarrollo que han sido modificados respondiendo a intereses particulares y políticos. La planeación como mero ejercicio de zonificación, sin control ciudadano, es obsoleta, ya que contribuye a la segregación social, a los procesos de gentrificación y a la especulación urbana que generan la expulsión y el desalojo forzado de la población de bajo ingreso.
El desarrollo urbano, social, económico y la sustentabilidad ambiental de la Ciudad de México dependen en gran medida de la calidad y adecuada ubicación y gestión de la infraestructura, los servicios y los equipamientos. Esto exige una distribución territorial equitativa y adecuada al tamaño y requerimientos de la población y de las actividades económicas, por lo que se requiere vincular este tema a los planes, programas y criterios presupuestales, cuidando una distribución equilibrada y justa de las cargas y de los beneficios.
Este título tiene por objeto instrumentar y garantizar plenamente el derecho a la ciudad, a partir del desarrollo sostenible y una planeación a veinte años. Está basado en el reconocimiento de la función social, económica, cultural y ambiental de la ciudad, así como la garantía de los servicios públicos.
La construcción de este apartado es producto del análisis e integración de numerosos documentos, aportaciones y propuestas relativos a la planeación democrática; el ordenamiento territorial que contempla al medio ambiente, gestión sostenible del agua, regulación del suelo, desarrollo rural, vivienda, infraestructura física y tecnológica, espacio público y convivencia social, accesibilidad y movilidad, vulnerabilidad, prevención y mitigación de riesgos; el bienestar social y economía distributiva; patrimonio de la ciudad; coordinación metropolitana y regional; ciudad global; y pacto fiscal.
Pretendemos hacer efectivo el derecho a la ciudad mediante una planeación democrática que asegure la continuidad del desarrollo y el usufructo equitativo de la ciudad, según los siguientes principios:
1. La disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios;
2. La racionalidad, para promover un modelo de ciudad a mediano y largo plazo que regule la ocupación y utilización adecuada del territorio;
3. La equidad e inclusión, para favorecer el acceso al espacio público y la cohesión social, así como su uso ambientalmente equilibrado;
4. La coherencia en la planeación para el desarrollo urbano, congruente con los planes y programas nacionales, regionales, locales y de las demarcaciones relacionados con la materia;
5. La subsidiariedad en la ejecución de la política de desarrollo urbano sustentable y ordenamiento territorial;
6. El respeto al patrimonio cultural y las tradiciones de las comunidades;
7. La seguridad urbana para adoptar medidas de protección civil para la prevención, mitigación, atención, adaptación y recuperación frente a los riesgos naturales y antropogénicos;
8. La habitabilidad para asegurar condiciones de vida digna en los asentamientos humanos y en la vivienda para toda la población;
9. La gestión democrática para generar una política de participación ciudadana al más alto nivel posible en el proceso de planificación, elaboración, aprobación, gestión y evaluación de políticas y presupuestos públicos;
10. La rendición de cuentas para que las autoridades informen con oportunidad y veracidad las disposiciones y acciones sobre el ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo;
11. La sostenibilidad para la planeación del desarrollo que respete y preserve el entorno natural y el patrimonio de la ciudad;
12. La productividad para promover condiciones de inversión y empleo digno en el crecimiento económico de la ciudad y el financiamiento de su desarrollo, que garantice la redistribución progresiva de los ingresos; y
13. Un modelo de ciudad policéntrica que privilegie el uso mixto del suelo en la creación de nuevos centros urbanos, reduzca los tiempos de traslado de las personas y evite el crecimiento disperso de la ciudad, combinando zonas habitacionales de empleo, servicios y espacios públicos articulados a escala humana.
El propósito es establecer un sistema de planeación de la Ciudad de México, encabezado por un instituto en el que participen las autoridades y la ciudadanía, que dé coherencia a los diversos planes y programas en coordinación con los organismos de la región metropolitana y de las Alcaldías para la elaboración, ejecución y evaluación de los mismos.
Se prevén disposiciones relativas al espacio público y a la convivencia social, a fin de garantizar la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios para usos comunitarios. En materia de accesibilidad y movilidad, se reconoce la prioridad de las personas sobre los vehículos, así como la creación y mantenimiento de infraestructura para la movilidad alternativa y el transporte público de calidad desde las perspectivas de diseño universal y ajustes razonables.
Se establece un régimen de bienestar social y economía distributiva que concibe la elevación de los ingresos de la población como el factor primordial del crecimiento económico. Se contemplan instrumentos propios de desarrollo como una política salarial, una hacienda pública equitativa, una caja de ahorro y préstamo para la economía cooperativa, una banca pública de desarrollo y una banca de proyectos. También se disponen medidas para la protección de la inversión en la ciudad y la expansión de la economía social y solidaria.
Se contemplan disposiciones para el establecimiento de un nuevo pacto fiscal que materialice el compromiso entre las autoridades de la ciudad y la sociedad, permitiendo el ejercicio pleno de los derechos de las personas al conciliar el carácter unitario de la hacienda pública con su diversidad económica y social a través de una equitativa distribución de los recursos. Se impulsará una nueva relación fiscal con la federación, a fin de que las participaciones y transferencias federales que reciba la ciudad sean adecuadas a sus funciones como capital del país.

4. Ciudadanía y ejercicio democrático

La Ciudad de México alberga diariamente al menos 14 millones de personas, de las cuales, poco más de cinco millones realizan sus actividades cotidianas en este territorio, pese a estar domiciliadas en otras entidades.
La ciudad pertenece a sus habitantes. Este proyecto asume que todas las personas que se encuentran en la ciudad integran su hábitat, independientemente de la condición que posean: originarias, residentes o transeúntes.
Nuestra visión de ciudad requiere de la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno. El nuevo pacto social obliga a reconocer que todas las personas son sujetas de derechos y deberes.
Se adopta el principio de la ciudadanía universal contemporánea que, sin contravenir la Constitución General de la República, amplía y complementa los derechos consagrados en ella. Se reivindica el derecho de todas las personas que contribuyen a la construcción social a participar en la resolución colectiva de los asuntos públicos, sobre todo de aquellos que les afectan de forma directa.
Este proyecto prevé que al cumplir 16 años, las personas adquieren el derecho al sufragio libre, universal, secreto y obligatorio en los procesos locales de elecciones y de participación ciudadana. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes podrán participar en consultas para la toma de decisiones públicas.
El funcionamiento de las instituciones ha demostrado que la elección de las autoridades es insuficiente para una vida republicana. Este proyecto instituye mecanismos asequibles de democracia directa, participativa y representativa. Se prevé la profundización y flexibilización de la iniciativa y consulta ciudadanas, referéndum, plebiscito y revocación de mandato.
La capacidad organizativa de las y los habitantes ha distinguido históricamente a la ciudad. Por ello se establecen medios de participación social en la gestión, evaluación y control de la función pública, así como para el fortalecimiento de la sociedad civil y sus organizaciones.
Se flexibilizan los requisitos para las candidaturas sin partido y se considera un sistema local de partidos políticos que haga posible la rendición de cuentas y garantice la pluralidad democrática. Se ratifica la obligatoriedad del principio de paridad de género y se incorpora el de la transparencia respecto de los perfiles sociales y declaraciones patrimoniales, así como de la trayectoria profesional y política de las y los candidatos.

5. Distribución del poder

Entre los temas que han generado mayores expectativas se encuentra el régimen político y el equilibrio de los poderes. Este título atiende la necesidad de renovar el funcionamiento de las instituciones de acuerdo a las tendencias contemporáneas hacia la descentralización del poder.
Proponemos un nuevo modelo para el ejercicio del poder público de la Ciudad de México a través de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, de los organismos autónomos, las Alcaldías, los mecanismos de democracia directa y participativa de la ciudadanía y las comunidades.
Amplios segmentos de la sociedad capitalina han pugnado por introducir mecanismos de equidad y parlamentarismo. Se prevé el establecimiento de controles legislativos a las decisiones del Ejecutivo posibilitando la formación de gobiernos de coalición y la conformación de un nuevo régimen político.

I. Poderes públicos

En cuanto a la integración del Poder Legislativo, ha sido una larga aspiración democrática que los votos de cada fuerza política se traduzcan de manera proporcional en escaños. Si bien la fórmula tradicional de elección uninominal tiene una larga historia, en cada circunscripción o distrito, el efecto acumulado de que los votos perdedores carezcan de representación, genera sobrerrepresentación de la mayoría y subrepresentación de las minorías.
Se propone una integración del poder legislativo mediante 66 diputaciones, 33 electas por la vía uninominal y 33 por representación proporcional a fin de mantener el sistema mixto y que la distribución de las diputaciones plurinominales tienda a que el porcentaje de votos sea idéntico al de escaños.
Este modelo favorecería una composición más plural del Congreso de la ciudad, aunque ésta sería insuficiente si no se establecieran mecanismos que flexibilicen el acceso de las y los candidatos sin partido a espacios de representación legislativa. En diversos procesos electorales se ha evidenciado la inequidad en las prerrogativas y condiciones de competencia de estas candidaturas frente a las de los partidos políticos. El proyecto incorpora mecanismos que ampliarán la participación ciudadana por la vía plurinominal, mediante la constitución de listas de representación proporcional de candidatos sin partido.
Se refuerzan los derechos políticos de las personas originarias de la ciudad residentes en el extranjero, en atención a lo previsto en los instrumentos internacionales. Es menester instrumentar mecanismos que permitan a estas personas ejercer su derecho a votar y ser votados, por lo que se propone una fórmula de representación proporcional pura para acceder a diputaciones. Proponemos la inclusión de todos los grupos parlamentarios en los órganos de gobierno del Congreso.
Se legitima al poder judicial de la ciudad y a los organismos autónomos para presentar iniciativas en las materias de su competencia y se introducen figuras como la iniciativa ciudadana preferente y la expedición de leyes constitucionales a fin de asegurar la estabilidad del sistema jurídico mediante procesos de reforma con mayorías agravadas.
Se prevén mecanismos de colaboración entre el poder Ejecutivo y Legislativo, tales como las preguntas parlamentarias y la participación de las personas servidoras públicas para aportar opiniones o información sobre un asunto en proceso de dictamen. Se introducen las figuras de gobierno de coalición, así como mecanismos de control parlamentario para fortalecer el equilibrio entre los poderes.
Se modifica la integración y funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México, el cual se depositará en un Tribunal Constitucional, un Tribunal Superior de Justicia, un Centro de Justicia Alternativa y de Conciliación, un Consejo de la Judicatura, un Organismo de Servicios Periciales y Forenses, Juzgados y demás órganos que determine la ley.
Se establece la obligación de las autoridades judiciales para privilegiar los medios alternativos de solución de conflictos, en especial la mediación, a través del Centro de Justicia Alternativa y Conciliación.
Se propone la creación del Tribunal Constitucional, como máximo tribunal local de interpretación de la Constitución Política de la Ciudad de México, encargado de garantizar su defensa, integridad y supremacía.
Se prevé la creación de un Consejo Judicial Ciudadano, de carácter eventual y honorífico, para intervenir en la designación de las personas que integren el Consejo de la Judicatura y de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia, a fin de democratizar y transparentar estos procesos.
Se modifica la composición del Consejo de la Judicatura que se integrará por siete consejeras o consejeros, aprobados por el Congreso local a propuesta de ternas por el Consejo Judicial Ciudadano, tres de ellos deberán contar con carrera judicial. La persona que presida el Consejo será elegida por mayoría de dos terceras partes de las y los integrantes del pleno, cada tres años, sin posibilidad de reelección.
El ingreso, formación, permanencia y especialización de la carrera judicial deberá basarse en los resultados del desempeño y el reconocimiento de méritos. La admisión se hará mediante concursos públicos de oposición y la permanencia estará sujeta a la evaluación y vigilancia. Se implementará un sistema de carrera para el personal de la rama administrativa conforme a los acuerdos que al respecto emita el Consejo.
La seguridad ciudadana requiere un nuevo modelo que contemple la responsabilidad compartida entre el gobierno de la ciudad y de las Alcaldías, así como de un enfoque que privilegie la prevención social de las violencias y el delito, la procuración e impartición de justicia y la reinserción social.
Se dota de autonomía al Ministerio Público mediante la creación de la Fiscalía General de Justicia, la cual contará con fiscalías especializadas. Asimismo se prevé el establecimiento de unidades de atención temprana que brinden asesoría y orientación legal a las personas denunciantes, con el objetivo de recibir de forma inmediata las denuncias y canalizarlas a las instancias competentes.

II. Organismos autónomos

El equilibrio de la función pública exige el fortalecimiento de los organismos autónomos. Se establecen disposiciones que garantizan su independencia e imparcialidad y su coadyuvancia en la consolidación del Estado de Derecho.
Se propone democratizar la designación de sus titulares e integrantes mediante la creación de consejos ciudadanos honoríficos especializados que incluyan a la ciudadanía, la academia, especialistas y al Congreso en esta decisión que contribuyan a la objetividad y eliminen las cuotas partidistas en estos nombramientos.

III. Alcaldías

La reforma constitucional federal mandató la sustitución de los órganos unipersonales de gobierno de las delegaciones por Alcaldías compuestas por una persona titular y un Concejo. Las demarcaciones territoriales serán reconocidas como un orden de gobierno conformado por sus habitantes, territorio y autoridades políticas democráticamente electas.
Este modelo permitirá la consolidación de un gobierno más próximo a la población, fundado en un régimen democrático directo, representativo y de participación ciudadana, así como en la buena administración.
Se contempla que las Alcaldías tengan competencia en materia de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, desarrollo urbano, rural y social, protección civil, bienestar colectivo y seguridad ciudadana, promoción económica, cultural y deportiva. La determinación de estas facultades será un debate fundamental de la Asamblea Constituyente y de los procesos legislativos que la complementarán.
Se prevén mecanismos de asociatividad entre las Alcaldías y con municipios vecinos. Se instituye un Cabildo de la Ciudad de México, integrado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno y las titulares de las Alcaldías. Funcionará como un órgano de planeación, coordinación, consulta y ejecución de acciones conjuntas entre ambos órdenes de gobierno.
La modificación en el número y conformación de las demarcaciones territoriales sólo será posible a partir del establecimiento del primer Congreso de la Ciudad de México, de acuerdo a los criterios establecidos por esta Constitución, basados en la identidad cultural, social, étnica, política, económica, geográfica y demográfica, así como en la proximidad gubernamental.

IV. Ciudad pluricultural

Uno de los apartados más sensibles de este proyecto, es el relativo a los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios de la ciudad. Para su construcción se sostuvieron constantes reuniones con sus representantes y organizaciones, en las cuales presentaron diversos proyectos concretos. Participaron también expertos nacionales e internacionales en la materia.
Se proponen avances importantes en el reconocimiento de la composición pluricultural, plurilingüe y multiétnica de la Ciudad de México, incorporando a los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios en el ejercicio del poder público y reconociéndoles su carácter de sujetos de derecho público.
Se reconoce de manera explícita que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas forma parte de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Se establece el marco de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios mediante el ejercicio efectivo de su derecho a la libre determinación, de acuerdo con sus sistemas normativos, sin más limitaciones que el respeto a los derechos y libertades de las personas, así como a la dignidad e integridad de las mujeres.
Se incorporan también derechos relativos al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios; su derecho a poseer, utilizar, desarrollar, controlar y gestionar sus tierras, territorios y recursos existentes en ellos. Se contempla la obligación de realizar consultas en los asuntos que les conciernan.
El derecho internacional obliga a esta Asamblea a consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, para la aprobación de este apartado, a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado.

6. De la buena administración

Se propone un título para garantizar el derecho a la buena administración a través de un gobierno profesional, honesto y efectivo, en el que se establezcan políticas de profesionalización y un servicio civil de carrera fundado en el mérito y la igualdad de oportunidades.
Se incorporan planteamientos dirigidos a combatir la corrupción, eliminar la impunidad y recuperar la confianza ciudadana en sus instituciones. Se armoniza el sistema anticorrupción local conforme a lo previsto por la Constitución Federal, privilegiando sus alcances más amplios y potenciando figuras que en el Congreso de la Unión no han logrado dirimirse, con la finalidad de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción.
Se constitucionaliza la obligación de que toda persona servidora pública rinda cuentas y presente con oportunidad y veracidad las declaraciones sobre su situación patrimonial, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sus conflictos de interés.
Se suprimen privilegios e inmunidades de las personas servidoras públicas para desterrar la impunidad. Desaparece el fuero constitucional y se coloca a las y los funcionarios en igualdad frente a la ciudadanía para responder ante la justicia cuando ésta sea vulnerada.
Se incorpora un sistema de responsabilidades administrativas, políticas y penales para las personas servidoras públicas que también considera como sujetos de responsabilidad a particulares que participen en actos de corrupción.

7. Relaciones con el gobierno federal

La Ciudad de México debe garantizar las condiciones necesarias para el debido funcionamiento de los poderes e instituciones federales. Se expresan las responsabilidades y derechos de la ciudad en el Estatuto de Capitalidad que regirá las relaciones de cooperación y coordinación con la federación, sin vulnerar la autonomía de la ciudad y la soberanía de sus habitantes.
Se hace referencia al fondo de capitalidad al que la Ciudad de México tendrá derecho de conformidad con lo previsto en la Constitución General, y que deberá ser asignado tomando en cuenta las funciones de ciudad capital.
Se considera la generación de acuerdos y convenios de responsabilidad compartida con la federación para asegurar el cuidado de las sedes diplomáticas y consulados, así como de los bienes inmuebles, los monumentos y el patrimonio histórico y cultural, asentados en el territorio de la ciudad pero administrados por las autoridades federales.
Se prevé el establecimiento de mecanismos de comunicación con las instancias federales y con las entidades federativas para la solución de protestas de carácter social y de cualquier índole, originadas por conflictos que no sean de competencia de las autoridades de la Ciudad de México pero que afecten el desarrollo armonioso de sus actividades cotidianas.

8. Reformabilidad, progresividad e inviolabilidad de la Constitución

Este proyecto reconoce que el marco normativo deberá ajustarse a la dinámica social y a las transformaciones de la ciudad. Sin embargo no es aconsejable modificar, por circunstancias transitorias, un proyecto de futuro consagrado por esta Constitución.
Proponemos lineamientos de estabilidad constitucional mediante un procedimiento rígido para su reforma que considera la aprobación por mayoría calificada del Congreso local en dos periodos ordinarios de sesiones. Se establece que el Tribunal Constitucional determine los casos en que proceda el referéndum para la aprobación de dichas reformas. Se estipula que en materia de derechos y libertades, la Constitución y las leyes que emanen de ella sólo podrán reformarse en un sentido progresivo para su ampliación, protección y garantía.
* * *
Éste es el espíritu social y democrático que inspira y articula el documento que se somete a la aprobación de esta Asamblea Constituyente.
Entrego esta iniciativa con la certidumbre de que este cuerpo colegiado debatirá en plena libertad y responsabilidad sobre el futuro de la ciudad, sirviendo de ejemplo a la nación entera.
INICIATIVA CON PROYECTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE REMITE EL C. JEFE DE GOBIERNO MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, CON FUNDAMENTO EN EL CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE ENERO DE 2016, PARA SU DISCUSIÓN, EN SU CASO MODIFICACIÓN O ADICIÓN, VOTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA H. ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Que todas las personas nacen libres e iguales
Pero esta declaración decimonónica del significado y alcances de, por ejemplo, la igualdad –igualdad ante la ley–, se utiliza más de manera referencial, pero vacía de contenido, sino que, en cambio, se le tergiversan para incorporar sutilmente el real significado que se le asigna: la pretendida igualdad material, la igualdad de resultados; al hacerlo, se propone que el Estado –el gobierno– asuma un papel ya no garante de que nadie impida que una persona sea libre e igual ante la ley, sino va más allá y se arroga facultades expansivas, intervencionistas, para intentar –jamás lo logra, ni logrará, si no es que lo que logra es igualar en la pobreza– igualar a las personas en sus condiciones materiales de vida. Como ejemplo actual podemos ver cómo en Venezuela una visión como la descrita, en menos de 20 años, casi logra igualar las carencias a las que se ve sometida la población, en aras de cumplir ese criterio de igualdad de que hablo.
Pretende ser un instrumento jurídico que promueva y garantice el ejercicio pleno de las prerrogativas ciudadanas
Percibo una oportunidad fallida para llevar a la CDMX al nivel de las ciudades del mundo que son referentes en una gama diversa de aspectos, pero, fundamentalmente, en los incentivos que se ofrecen a la inversión, sustento de cualquier iniciativa por mejorar la habitabilidad de la ciudad; sin generación de riqueza no hay futuro sustentable. Para ampliar la gama de beneficios hacia la población debe, primeramente, establecerse el sustento económico y éste en el marco institucional –sus características y naturaleza–, así como en la actuación de sus gobernantes. Parece que el único fin que se persigue en el proyecto de constitución es –como se dice en el párrafo–: promover y garantizar el ejercicio pleno de prerrogativas ciudadanas –todas ellas con un impacto económico innegable–, sin que del proyecto de constitución quede claro el papel que se le asigna y la manera en la que se concibe a la emprendeduría, la iniciativa, la inversión, a la empresa; por el contenido y énfasis de lo “social” que permea al documento, parece más bien que se les coloca como los “malos de la película”, en tanto que, el “pueblo” es identificado como los perdedores, a los que es necesario que el Estado –el gobierno– acuda en su defensa y, en ese sentido, la constitución es el soporte jurídico para la acción pública.
Sin negar la importancia que en la elaboración del proyecto tienen toda la gama de las ciencias sociales para que los expertos perfilen sus propuestas, hoy día hay que mirar la gama de indicadores que a nivel de países y ciudades se les viene dando seguimiento para considerarlos e se incorporen como visión de conjunto para llevar a la CDMX por el camino de competir por los primeros lugares –tomar ejemplo de los referentes, de los lugares de éxito–, en lugar de creer que llenando la constitución de buenos deseos, de buenas intenciones –siguiendo los malos ejemplos de países o lugares de fracasos demostrables–, por el sólo hecho de estar ahí establecidos, se van a tener los resultados esperados.
Sin esperanza de enmienda alguna –dado que el perfil de quienes gobiernan la CDMX y de quienes fueron invitados a participar en la propuesta de proyecto de constitución–, cuya visión niega la realidad existente de ser una ciudad en la que conviven no exclusivamente quienes puedan ser afines con una visión de mundo como la que a ellos les anima; olvidan la plural composición de la ciudad, por decir lo menos. ¿Están en el proyecto incorporadas las voces, opiniones, de quienes contribuyen con su esfuerzo a generar la riqueza y como contribuyentes sustentan la vida misma del gobierno?
Movido por el interés de incorporar puntos de vista seguramente discordantes con las mayorías, pero con el ánimo de la reflexión y la construcción de una mejor CDMX, dejo aquí mis comentarios.
responsabilidad compartida
¿Porqué no incluir también, la responsabilidad social que toca a los poderes económicos?
Al enunciar los Principios constitucionales se perfila a la CDMX y al ciudadano que se está proponiendo edificar por intermediación del instrumento jurídico; así: “pluriculturalidad” no debe ser fundamento para implementar políticas públicas de apoyo a particularismos –como ha ocurrido en Europa con el multiculturalismo que ha llevado al extremo sus pretenciones y ha dado pie a incubar en su seno a los extremistas islámicos–, a riesgo de que los mismos lejos de cumplir su cometido de ampliar los márgenes de convivencia basada en el respeto a la diversidad y tolerante a los disensos, se vuelva invasiva e intolerante y pretenda imponerse al resto. Por otra parte: la “distribución equitativa del ingreso”, la “dignificación del trabajo y el salario”, la “igualdad sustantiva”, y la “función social de la ciudad”, no sientan las bases de un futuro promisorio para la CDMX, por muy bienintencionadas que sean, pues auguran socavar las bases mismas del funcionamiento de la economía, sembrando la semilla de su inviabilidad e indeseabilidad, al dejar pasar la oportunidad de privilegiar la cultura del trabajo, del esfuerzo personal por obtener mayores niveles de bienestar y construir ciudadanía –responsabilidad–; así como identificar, de manera subrepticia, a la inversión, a la empresa, como causante de todos los males, que en nada ayudan a que se fortalezca la empresarialidad y se difunda su papel generador de riqueza. ¿Quién y bajo qué criterios se definirán lo “equitativo” del ingreso, la “dignificación” del trabajo y del salario, la “igualdad sustantiva” y la “función social” de la ciudad? Mirar lo que al respecto tienen enunciado en sus constituciones los países de éxito, en lugar de trasladar viejos eslóganes de los países que han dado muestras suficientes de fracaso. ¡Mirar Venezuela!
  1. CARTA DE DERECHOS
    Los derechos, en su esencia histórica, son derechos aspiracionales que se preveía que cada persona buscara satisfacerlos por sus propios medios a través de establecer la igualdad de todos ante la ley. Es un error pretender ir más allá, no sólo ampliando hasta el infinito la gama de “derechos”, sino volver exigible para el Estado el materializar su satisfacción. No hacerlo así, transforma el pensar y actuar de las personas para volverlas dependientes –clientelas electoreras–, además de ser económicamente insostenible; cada vez más el Estado requerirá incrementar los impuestos y, al hacerlo, retira recursos que en manos de sus propietarios tienen mejor y más lícito fin, ya sea que decidan consumirlos, ahorrarlos o invertirlos y, de esa manera, generan flujos económicos que se reflejan en empleos y más riqueza generada; en tanto, en manos del Estado, no obstante que beneficie a quienes va dirigido el programa, impacta negativamente en el conjunto de la economía, pero, fundamentalmente, porque “mata la gallina de los huevos de oro” que es el inversionista, el emprendedor, único motor de la economía y creador de riqueza.
a una renta básica progresiva
¿Una renta básica progresiva, por el sólo hecho de ser y que se cubra de la cuna a la tumba, sin mayor esfuerzo o merecimiento alguno? ¿Cómo puede ser sostenible económicamente tal pretensión sin llevar a la CDMX a un proceso de “venezolización”?
La sociedad aspira tener una ciudad próspera
Los buenos deseos [fines] se ven frenados al momento en que se definen medios que conspiran contra su logro. Si no se generan incentivos claramente identificables para la generación de riqueza, que ofrezca certidumbre a los inversionistas-emprendedores-empresarios, no será posible cumplir de manera sostenida la propuesta, sino llevar a la destrucción la economía en su conjunto.
Se establece un régimen de bienestar social y economía distributiva que concibe la elevación de los ingresos de la población como el factor primordial del crecimiento económico.
Fines y medios contradictorios. Mientras se insista en pretender mejorar las condiciones de vida de la población por decreto se estará condenando a la CDMX a perder competitividad para la inversión y, con ello, profundizar las desigualdades y agravar la pobreza.
Este proyecto prevé que al cumplir 16 años, las personas adquieren el derecho al sufragio libre
Muy arriesgado por muy incluyente que se le quiera ver, además, cabe preguntarse el grado de responsabilidad que legalmente le corresponderá a quienes por tener de 16 a 18 años actualmente quedan excluidos de derecho al voto y que en esta propuesta se pretende que en la CDMX adquirirán tal prerrogativa.
diputaciones plurinominales
¿Por qué deben de subsistir las diputaciones plurinominales cuando ya no subsisten las condiciones que le dieron origen, como fue la carencia de verdadera competencia electoral ante el predominio de un solo partido?
Se plantea una renovación institucional que no genere costos excesivos a la ciudad.
Promesas vanas que una vez aprobada la constitución –derivado de la visión expansionista del Estado que en la misma se incorpora– nadie se preocupará por regresar a revisar y menos a exigir que se cumplan.
principio de subsidiariedad
¿Por qué no se define de manera amplia, absoluta, el principio de subsidiaridad, para que se establezca que el Estado –el gobierno– no deba de intervenir en aquellos asuntos que las personas puedan resolver por sí mismas, en vez de restringirse a los niveles de gobierno? ¿Por qué no se ve una invasión de facultades y derechos individuales que si se reconoce tratándose del gobierno central con respecto a los gobiernos locales? Sólo la visión tutelar –paternal– que se tiene del carácter del gobierno puede sostener la postura, pero, denota la sujeción de las personas al Estado y la minusvalía con la que se le concibe al individuo.
la autodeterminación de la ciudad,
Habrá que ver cómo queda planteada para su efectividad político-administrativa, en el marco del pacto federal
la progresividad en la garantía de los derechos
Es en virtud de concebirse la progresividad en la garantía de los derechos y, más que nada, la progresividad de los derechos mismos, que no tienen los gobiernos alternativa que plantear la progresividad en las tasas impositivas, dado que cada vez más requieren más y más recursos para cubrir sus funciones expansivas y redistributivas.
Defensoría del Pueblo
Debiera ser identificada la persona, el individuo y no el “pueblo” como garante de los derechos.
Se ratifica la obligatoriedad del principio de paridad de género
La paridad de género –las cuotas por género–, con todo y ser una corriente universalmente aceptada, lejos de respetar y enaltecer a la mujer, sin siquiera decirlo, y mucho menos aceptarlo, termina por concebirla como un ser que requiere de la ayuda del varón, una nada sutil dominación, una visión que sólo puede eliminarse si la mujer se asume plena y deja de pedir cuotas por su condición de género, pues lo que debe prevalecer es el mérito basado en capacidades, en habilidades, en conocimientos; lo exigible para el Estado –para el gobierno– es proteger el derecho de la mujer a que se le respete el acceso a la búsqueda de oportunidades para el acceso a los puestos de elección, que no haya impedimentos derivados de su condición de ser mujer.
En cuanto a la integración del Poder Legislativo, ha sido una larga aspiración democrática que los votos de cada fuerza política se traduzcan de manera proporcional en escaños.
Respetar esta aspiración es fundamental, aporta simpleza y claridad: el x por ciento de votos partidistas, se debe traducir en x por ciento de escaños.
el efecto acumulado de que los votos perdedores carezcan de representación, genera sobrerrepresentación de la mayoría y subrepresentación de las minorías
¿Por qué tan sólo se enuncia, pero no se concreta en propuesta de cambio para que también queden representada la minoría bajo el criterio de proporcionalidad de los votos obtenidos?
eliminen las cuotas partidistas en estos nombramientos
¡Excelente!
Se establece el marco de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios mediante el ejercicio efectivo de su derecho a la libre determinación, de acuerdo con sus sistemas normativos, sin más limitaciones que el respeto a los derechos y libertades de las personas, así como a la dignidad e integridad de las mujeres
¿Hablamos de “usos y costumbres”? Difícilmente las comunidades y pueblos originarios podrán acceder a mejores condiciones de vida si se mantienen ajenas a lo que el mundo en general pueda ofrecerles como herramientas, como medios, para su desarrollo. De mantenerse la idea –cuasi pueblo-país dentro de la CDMX– tendrían que establecerse especie de tratados de todo tipo –tipo TLC para los intercambios, por ejemplo– para que haya un claridad en las “reglas del juego” de los agentes económicos que les permita a todos beneficiarse y eliminar al máximo factores de incertidumbre y riesgo que termine por volver una “isla” esas áreas de la CDMX que siempre sean demandantes de apoyos compensatorios de su realidad que, inadvertidamente, pueda estarse exacerbando por la propia naturaleza jurídica adoptada.
Se constitucionaliza la obligación de que toda persona servidora pública
¿Todo servidor público independientemente de su nivel y responsabilidad?
Se suprimen privilegios e inmunidades de las personas servidoras públicas para desterrar la impunidad.
¡Excelente!
también considera como sujetos de responsabilidad a particulares que participen en actos de corrupción
¡Excelente!
Una de las disyuntivas consistió en definir si debían expresarse todos los derechos de forma exhaustiva
No obstante el sentido de estos párrafos, de la declarada “posición intermedia”, en los hechos, termina siendo una descripción tan exhaustiva como la que más –tendencia mundial, por otra parte–, que alienta una dinámica expansiva pro-derechos que raya en una frenética carrera de ocurrencias: a ver a quién se le ocurre definir el “derecho” más descabellado.
prácticas clientelares
En este aspecto, es conveniente trascender los programas sociales actuales, para llevarlos más allá del plano meramente asistencialista y proveer a sus beneficiarios de los medios para ser autosuficientes y productivos ¡no dependientes!
Ciudad de México
Geográfica y funcionalmente hablando, este concepto va más allá de los límites político-administrativos, dada la continuidad física del territorio del ex D. F. y los municipios conurbados del Edo. Mex., por consiguiente no es preciso. Al respecto, es conveniente postular un nombre distinto para esta entidad.
Pretende ser
Según la RAE, pretender significa querer conseguir algo.
¿Al utilizar esta expresión en la apertura de la exposición de motivos, no se deja “corto” desde un principio el espíritu de este nuevo ordenamiento?
El modelo propuesto reposa en una economía redistributiva y en un nuevo pacto fiscal de la ciudad
¡Claro!, para cumplir con el objetivo – bajo la visión del modelo redistributivo–, no hay de otra: mayores impuestos y que los mismos sean de carácter progresivo; al concebirse de tal manera el sustento económico no hacen sino insistir en un modelo que a nivel mundial puede contrastarse en base a resultados y preguntarse si lo que resulta más conveniente para todos es la visión redistributiva –quitar a unos para darle a otros– o re-definir las funciones del Estado para evitar el gigantismo –apetito feroz por mayores y crecientes recursos–, devolverle al individuo la iniciativa, favorecer la inversión; cambiar de visión de vida, hacer énfasis en la trascendencia que tiene el trabajo, el esfuerzo personal en la búsqueda de satisfacer las necesidades, disminuir la dependencia de las personas de la asistencia del Estado –que debe de focalizarse, temporalizarse, y evaluar sus resultados–. ¿Qué modelo económico tienen las economías de éxito? ¿Por qué no intentarlo nosotros y hacer efectivo –no conformarse con tener una constitución de “avanzada” en términos conceptuales, muy del agrado de quienes quieren oír tal melodía–, sino que establezca con claridad incentivos para el progreso personal?