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CARTA DE DERECHOS
Ciudad de México 1 Contributor
September 15, 20161 Version
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Ciudad de México. (2016). CARTA DE DERECHOS. PubPub, [https://www.pubpub.org/pub/constitucioncdmx-derechos] version: 57dae70cd673493900bff38f

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Ciudad de México. "CARTA DE DERECHOS". PubPub, (2016). [https://www.pubpub.org/pub/constitucioncdmx-derechos] version: 57dae70cd673493900bff38f

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Ciudad de México. "CARTA DE DERECHOS". PubPub, (2016). [https://www.pubpub.org/pub/constitucioncdmx-derechos] version: 57dae70cd673493900bff38f
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TÍTULO PRIMERO - CARTA DE DERECHOS

Artículo 8 - De los derechos humanos

La dignidad humana es inviolable. Todas las personas nacen libres e iguales en derechos. Su protección es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública o privada debe estar guiada por el respeto y garantía de los derechos humanos.

Artículo 9 - Principios de aplicación e interpretación de los derechos

A. Bloque de constitucionalidad y convencionalidad de derechos humanos

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías contenidos en esta Constitución, en la de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en las leyes nacionales y locales. Los derechos tienen la máxima jerarquía normativa.
2. Todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos reconocidos por esta Constitución.

B. Principios rectores de los derechos humanos

1. La universalidad, integralidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos humanos.
2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles. En todo caso se garantizará el cumplimiento de su contenido esencial.
3. Para la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerán las que confieran mayor protección a las personas y la menor restricción posible.
4. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social y son de responsabilidad común.
5. En el ejercicio del poder público se garantizará la incorporación transversal de los derechos humanos, así como de las perspectivas de género, interculturalidad, accesibilidad e inclusión, intergeneracionalidad y sostenibilidad.
6. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias para garantizar progresivamente la plena realización de los derechos, hasta el máximo de los recursos públicos de que dispongan.
7. La política fiscal y los mecanismos presupuestarios se orientarán al cumplimiento efectivo de los derechos. El cumplimiento de las obligaciones económicas para garantizar el ejercicio progresivo de los derechos reconocidos por esta Constitución corresponde a las autoridades de la ciudad en el ámbito de sus respectivas competencias.

C. Igualdad y no discriminación

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Su cumplimiento es de responsabilidad común.
2. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa de carácter temporal o permanente, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, político, social, cultural y ambiental en la esfera pública y privada, basadas en el trato igualitario con criterios de equidad, objetividad, razonabilidad y proporcionalidad.
3. Se prohíbe toda forma de discriminación que tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, identidad étnica o lengua; edad, discapacidad, apariencia física, color de piel, condiciones de salud, características genéticas, sexuales o embarazo; condición jurídica, social, económica o migratoria; profesión, oficio o falta de empleo; religión, opinión, identidad o filiación política; sexo, identidad de género o expresión de género, orientación sexual, estado civil o cualquier otra distinción que atente contra la dignidad humana, personal o colectiva, temporal o permanente, formal o de facto. La negación de ajustes razonables se considerará discriminación.

Artículo 10 - Ciudad de libertades y derechos

A. Derecho a la autodeterminación personal

Toda persona tiene derecho a la autodeterminación, a la libertad de pensamiento, al libre desarrollo de su personalidad, a disfrutar de su tiempo libre, al ocio, a la recreación, a la elección de su identidad social y cultural, a disponer de su propio cuerpo y a manifestar públicamente sus afectos.

B. Derecho a la integridad

1. Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia.
2. Se prohíben y sancionarán la trata de personas en todas sus formas, las ejecuciones, las desapariciones forzadas, los crímenes de odio, los feminicidios, la tortura, las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, de acuerdo con las leyes de la materia. Se adoptarán medidas para erradicarlas.

C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica

1. Toda persona tiene derecho al nombre, a su propia imagen y reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica.
2. Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener documentos de identidad. Para tales efectos se establecerán los convenios necesarios con las instancias correspondientes.
3. Las personas que residen en la ciudad tienen derecho a la inscripción registral y notarial de bienes y actos civiles de forma accesible y asequible.

D. Derechos sexuales

Toda persona tiene derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, informada y responsable, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin discriminación, coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de estos derechos.

E. Derechos reproductivos

1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre estos, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva. Esto incluye el acceso a información sobre reproducción asistida y adopción.
2. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la autonomía reproductiva y una vida libre de violencia obstétrica.
3. Queda prohibida la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado.

F. Derecho a defender los derechos humanos

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales; de forma eventual o permanente.
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar la dignidad, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como para evitar que se les desacredite o se obstruyan sus actividades.

Artículo 11 - Derecho a la ciudad

1. La Ciudad de México reconoce el derecho a la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, equidad y sustentabilidad, que confiere a sus habitantes legitimidad de acción y de organización para ejercer sus derechos a la autodeterminación y a un nivel de vida adecuado.
2. Se reconoce el derecho de las presentes y futuras generaciones a disfrutar de una ciudad democrática, educadora, solidaria, productiva, incluyente, habitable, sostenible, segura y saludable.
3. Las personas que habitan la ciudad tienen derecho a participar, de forma individual o colectiva y al más alto nivel posible, en la planeación y gestión de la misma, así como en el impulso de actividades autoproductivas de servicio y convivencia social.
4. El desarrollo urbano y rural, la utilización del suelo y de los espacios y bienes públicos y privados deben otorgar prioridad al interés social, cultural y ambiental.

Artículo 12 - Ciudad democrática

A. Derecho a la buena administración pública

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración y a que las autoridades traten y resuelvan sus asuntos de manera imparcial y equitativa dentro de un plazo razonable, de conformidad con el debido proceso administrativo, a través de mecanismos accesibles e incluyentes; así como a:
a. Formular peticiones que deberán ser atendidas por las autoridades de forma comprensible y en breve término;
b. Audiencia previa a todo acto de autoridad que afecte sus derechos, salvo en las materias penal, fiscal, financiera, protección civil y seguridad pública, en los supuestos que señalen las leyes;
c. Tener acceso a la información pública y al expediente que le concierna, con respeto a la confidencialidad, reserva y la protección de datos personales;
d. Que las autoridades funden y motiven sus decisiones de acuerdo con las leyes, planes y programas correspondientes; y
e. La reparación de los daños causados por la actuación de las autoridades, de acuerdo con la ley en la materia.
2. De conformidad con lo que dispongan las leyes, las personas podrán impugnar cualquier acto u omisión de las autoridades que vulnere su derecho a la buena administración, para lo cual será suficiente acreditar un interés legítimo. El Gobierno de la Ciudad de México establecerá un mecanismo ágil y accesible para reparar de forma oportuna el daño derivado de las violaciones al derecho a la buena administración de las autoridades de la ciudad, sus resoluciones podrán ser recurridas ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

B. Libertad de reunión y asociación

Todas las personas tienen derecho a reunirse y asociarse libremente para promover, ejercer y proteger sus intereses lícitos de orden político, económico, social, cultural, profesional, sindical o cualquier otro, de manera pública o privada y pacífica, así como para ejercer los mecanismos de democracia directa y participativa reconocidos por esta Constitución.

C. Libertad de expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio. Su ejercicio está limitado por el respeto a la privacidad de las personas y sólo podrá sujetarse a responsabilidades ulteriores.
2. Se prohíbe la incitación a la violencia y al odio.
3. No constituyen delito o falta las denuncias, críticas o imputaciones contra las personas servidoras públicas por actos realizados en el desempeño de sus cargos.
4. Las personas profesionales de la información tienen derecho a mantener en secreto la identidad de sus fuentes.
5. Se garantizará la seguridad de las personas que ejerzan la libertad de expresión y el periodismo. Aquellas que en otros lugares sean perseguidas por su actividad profesional o por sus ideas, encontrarán refugio para vivir y trabajar en la Ciudad de México.
6. La protesta social es un derecho individual y colectivo. Las autoridades adoptarán protocolos de actuación en manifestaciones, conforme a parámetros internacionales, dirigidos a la protección de las personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros derechos.

D. Derecho a la información

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.
2. Se garantiza el acceso a la información que posea, transforme o genere cualquier instancia pública o privada, que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos y de diseño universal.
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público, en los términos que fijen las leyes en la materia.
4. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los términos y con las excepciones que establezcan las leyes.

E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales

1. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad individual y familiar, a la inviolabilidad del domicilio y de sus comunicaciones.
2. Se prohíbe y será sancionada cualquier injerencia arbitraria, oculta o injustificada en la vida de las personas.
3. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, así como a manifestar su oposición respecto del tratamiento de los mismos, en los términos que disponga la ley. Su tratamiento se regirá por los principios de veracidad, licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria

1. Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y democrática, fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas, así como a la participación en asuntos públicos y al sufragio universal.
2. Las personas originarias de la ciudad que residen fuera del país tienen derecho a votar y ser votadas en elecciones locales, de conformidad con lo previsto en la Constitución General de la República, esta Constitución y las leyes de la materia.
3. Toda persona podrá acceder a cargos en la función pública, en condiciones de igualdad y paridad, de conformidad con los requisitos de ingreso establecidos por la ley.

Artículo 13 - Ciudad educadora y del conocimiento

A. Derecho a la educación

1. Toda persona, a lo largo de la vida, tiene derecho al conocimiento, al aprendizaje continuo, a la educación, a la lectura y la escritura. Tendrá acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.
2. Se garantizará el derecho universal a la educación. La Ciudad de México asume la educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la sociedad.
3. Toda la educación pública será gratuita, laica, liberadora, integral, inclusiva, intercultural y de calidad. Tendrá el propósito de igualar las oportunidades, armonizar las competencias, cultivar valores, formar ciudadanía y disminuir las desigualdades entre sus habitantes. Fomentará la innovación, la creación cultural, la educación física y el deporte.
4. La ciudad organizará un sistema educativo local integral. Las comunidades educativas participarán en el diseño, ejecución y evaluación de los servicios. Estarán conformadas por el magisterio, estudiantes, padres y madres de familia, directivos y administradores escolares.
5. El sistema educativo fomentará la calidad de la educación, la suficiencia y renovación de los métodos de enseñanza y aprendizaje, la investigación pedagógica, la inspección y la evaluación del proceso educativo. Establecerá mecanismos para que, en colaboración con las instituciones de educación superior, se forme al personal docente y se desarrollen programas de mejoramiento, compensación socioeconómica y respaldo pedagógico.
6. La educación impartida en el sistema educativo local deberá tener contenidos filosóficos que propicien el pensamiento crítico y la conciencia de las personas sobre su papel en la sociedad y su compromiso con la ciudad, el país y el mundo. Será el fundamento para el ejercicio de los derechos humanos, la convivencia armónica, la democracia como forma de vida, el respeto a la diversidad, la cultura de la no discriminación y no violencia, el cuidado de la salud y del medio ambiente, la consecución del pleno empleo, la erradicación de la pobreza y la desigualdad social. Fomentará la innovación, la creación cultural, la educación física y el deporte.
7. La educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior son un derecho de las y los habitantes de la ciudad. Las autoridades generarán oportunidades de acceso a la educación superior, hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. La educación inicial es potestativa para las familias y prioritaria para la ciudad.
8. Los servicios educativos del sistema local serán prestados por las autoridades públicas y por particulares e instituciones de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin fines de lucro, los cuales deberán contar con la certificación y validación conforme a lo que establezca la ley.
9. La autoridad implementará programas que prevengan y eviten la deserción escolar.
10. La educación básica que se otorgue de tiempo completo, garantizará la alimentación escolar sana y nutritiva. Las autoridades en el ámbito de sus facultades asegurarán el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones educativas a fin de que sean accesibles, seguras y dignas. Se privilegiará el ingreso a los vecinos más próximos y la extensión de los servicios a los barrios y a las colonias.
11. Se garantizará la incorporación y permanencia de las personas con necesidades educativas específicas a los sistemas públicos de educación a través de estrategias pedagógicas inclusivas y especializadas. Se asegurará la educación para adultos que comprende los servicios de alfabetización, la formación técnica y profesional, incluyendo su certificación, así como los cursos de educación formal, ya sea presencial, a distancia o mixta.
12. Esta Constitución reconoce la función primordial de la actividad docente en el sistema educativo local, por lo que las autoridades garantizarán la capacitación, profesionalización y actualización continua, la estabilidad laboral del magisterio, así como su dignificación social.
13. La evaluación en el sistema educativo local, es un componente de la planeación educativa. Son sujetos de evaluación los procesos formativos, los recursos didácticos, el cumplimiento de la función docente y los resultados del alumnado. La evaluación tiene por objeto la mejora continua de la educación, pública y privada, en todos los niveles; tendrá un carácter diagnóstico, diversificado y no punitivo.
14. La educación será prioridad en el gasto social y se asegurará su incremento progresivo.
15. La ciudad es un espacio público de aprendizaje que reconoce las diversas formas de acceso a la educación, a la cultura y a la capacitación permanente, a través de todos los mecanismos públicos, sociales y privados.
16. Las autoridades de la ciudad promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de publicaciones por cualquier medio.

B. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica

1. Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios.
2. Las autoridades garantizarán el derecho de acceso a internet de forma progresiva en todo el territorio de la ciudad. Promoverán el uso de medios digitales y tecnologías de la información.
3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la vinculación de estos con los sectores productivos, sociales y de servicios a fin de resolver problemas y necesidades de la ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la población y reducir las brechas de desigualdad.

C. Derechos culturales

1. El desarrollo humano integral y sostenible incluye la garantía del ejercicio pleno de los derechos culturales. Toda persona tiene, de manera enunciativa y no limitativa, los derechos culturales a:
a. Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de expresión;
b. Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad;
c. La preservación de su memoria histórica y al conocimiento de la historia local, nacional y universal;
d. La preservación y fomento de su conocimiento tradicional;
e. Acceder a los patrimonios culturales que constituyen expresiones de las diferentes culturas, en particular a través del ejercicio de los derechos a la educación y a la información;
f. Elegir identificarse, o no, con una o varias comunidades culturales y a modificar esta elección;
g. Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente elija y a los espacios públicos para sus expresiones culturales;
h. Expresarse, en público o en privado, en el o los idiomas de su elección;
i. Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus formas tradicionales de organización y representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución General de la República, de los tratados internacionales y de esta Constitución;
j. La protección de los intereses morales y materiales relacionados con las obras fruto de su actividad cultural;
k. Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas culturales;
l. Una educación y a una formación que, respondiendo a las necesidades educativas fundamentales, contribuyan al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural, siempre que se respeten los derechos de los demás y la diversidad cultural;
m. La libertad de expresión cultural, que incluye la expresión artística, la libertad de opinión e información;
n. Generar y recibir una información libre y plural que contribuya al desarrollo pleno y completo de su identidad cultural en el respeto de los derechos del otro y de la diversidad cultural, así como al acceso a los instrumentos de conectividad que le permitan acceder a las diversas fuentes de información; y
o. Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las decisiones que le conciernen y que afectan el ejercicio de sus derechos culturales.
2. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, protegerán los derechos culturales. Asimismo favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura.
3. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que determinará las políticas, instancias administrativas y procedimientos para su ejercicio.
4. El respeto, la protección y la puesta en práctica de estos derechos implican obligaciones para toda persona y colectividad. Los actores culturales de los sectores público, privado y social, tienen, en el marco de la gobernanza democrática, la responsabilidad de interactuar y cuando sea necesario, de tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos culturales y desarrollar modos de concertación y participación.

Artículo 14 - Ciudad solidaria

A. Disposiciones comunes

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para erradicar las desigualdades estructurales y la pobreza, revertir la inequitativa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.
2. Las personas que habitan la ciudad son sujetos de respeto y trato igualitario en todos los programas sociales, así como servicios públicos y privados.
3. Para el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público, se estará a los requisitos y reglas de operación que disponga la normatividad, de conformidad con lo establecido en numeral anterior. Las autoridades garantizarán progresivamente la implementación de los programas sociales, hasta el máximo de los recursos públicos de que dispongan.

B. Derecho a la vida digna

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, así como a la mejora continua de sus condiciones de existencia. Se garantizará el derecho a una renta básica dando prioridad a las personas en situación de pobreza, y aquellas que no puedan satisfacer sus necesidades materiales por medios propios, así como los grupos de atención prioritaria. Para el acceso a la renta básica, se estará a lo establecido en las disposiciones comunes de este artículo.

C. Derecho al cuidado

1. Toda persona tienen derecho al cuidado, entendido como el conjunto de actividades que sustentan vitalmente a las personas y les otorgan los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad.
2. La ciudad promueve la economía del cuidado mediante la prestación de servicios públicos y universales accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de protección social, de acuerdo a la normatividad. Asimismo, fomenta la participación corresponsable de autoridades, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres, los hombres y los distintos grupos de edad en la provisión de servicios de cuidado.

D. Derechos de las familias

1. Las familias son sujetos de derechos colectivos. Se reconoce su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales.
2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado.

E. Derecho a la alimentación y a la nutrición

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano y la protejan contra el hambre, la desnutrición y la malnutrición.
2. Las autoridades fomentarán la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y sostenibilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho, dando prioridad a las personas en pobreza, a los grupos de atención prioritaria y las demás que determine la ley.
3. Los sectores público, social y privado procurarán que los alimentos frescos o preparados que se distribuyan o vendan a través de establecimientos, instituciones o programas, sean saludables y nutritivos.
4. Las autoridades difundirán los beneficios del consumo alimentario alternativo.

F. Derecho al más alto nivel de salud

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel de salud física y mental, incluyendo la atención psicoterapéutica y psiquiátrica, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud público que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y con perspectiva de interculturalidad, de género y etaria.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente:
a. La disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos gratuitos y de calidad;
b. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias;
c. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; y
d. La creación de condiciones que aseguren el acceso a los servicios de salud pública, asistencia social y atención médica.
4. Las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados tienen derecho a un trato digno, a una atención médica oportuna y eficaz, a la realización de estudios para diagnósticos e intervenciones estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento, a expresar el consentimiento requerido para los procedimientos médicos y a solicitar otra opinión.
5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin discriminación alguna.
6. Se respetará y garantizará la voluntad de cualquier persona con capacidad de ejercicio, respecto a la negativa de someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad, cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantener su vida de manera natural. Para ello se estará a lo que disponga la ley.
7. En la Ciudad de México no se sancionará en forma alguna el consumo de la cannabis, excepto en caso de peligro o daño a derechos de las demás personas, conforme a los límites que fije la ley. Se promoverá su uso medicinal y la investigación científica de la misma, desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños.

G. Derecho a la vivienda

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades.
2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros; que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil.
3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y mecanismos de seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda, protección contra el desalojo forzoso y los aumentos desproporcionados de los alquileres.

H. Derecho al agua y a su saneamiento

1. Toda persona tiene derecho a la disposición y saneamiento de agua suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
2. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida, la rectoría de su administración será pública o comunitaria. Se prohíbe toda forma de privatización del agua.
3. Todas las personas están obligadas al uso racional del agua y a contribuir con su saneamiento. Las empresas están obligadas a medir y neutralizar su consumo de forma progresiva y a adoptar medidas para su reutilización.

I. Protección a los animales

1. Toda persona debe respetar la integridad de los animales como seres sintientes. Su protección es de responsabilidad común.
2. Las autoridades de la ciudad garantizarán su protección, bienestar, trato digno y respetuoso mediante la promoción de una cultura de cuidado y tenencia responsable. Asimismo realizarán las acciones para la atención de animales en abandono.
3. El maltrato, mutilación y abandono de los animales se sancionarán de conformidad con las leyes y reglamentos.
4. Las leyes establecerán las medidas necesarias para atender riesgos sanitarios y generar los protocolos que impidan el maltrato a los animales.

Artículo 15 - Ciudad productiva

A. Derecho al desarrollo sostenible

Toda persona tiene derecho a un desarrollo sostenible en los ámbitos económico, social, ambiental, urbano, cultural y político en el que pueda realizar plenamente todos sus derechos y libertades fundamentales, así como a contribuir y disfrutar del mismo, sin perjuicio de los derechos de las generaciones futuras.

B. Derechos económicos

1. Toda persona tiene el derecho individual y colectivo a participar, contribuir y disfrutar de una economía que tenga por objeto el bienestar, la redistribución de la riqueza y la sostenibilidad social y ambiental.
2. Toda persona tiene derecho a una economía social y solidaria que tenga como finalidad reducir la pobreza, generar empleo digno, promover la inclusión, la equidad y la justicia social.

C. Protección a personas consumidoras y usuarias

1. Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información precisa sobre sus contenidos y características.
2. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, protegerán a las personas en sus relaciones de consumo con proveedores de bienes y servicios.
3. Se promoverá y garantizará la protección de la seguridad, vida y salud de las personas consumidoras; su derecho a la educación, orientación e información en materia de consumo, a la prevención y reparación de daños, a la protección de sus intereses económicos, así como al acceso a órganos para su defensa.
4. Las personas usuarias de servicios públicos tienen derecho a obtenerlos en la calidad adecuada y a la reparación del daño que puedan sufrir al hacer uso de los mismos.

D. Derechos de las personas trabajadoras

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, el cual genera valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado.
2. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno que considere:
a. Un trato respetuoso por parte de quien recibe sus servicios, libre de discriminación, violencia física, psicológica, sexual o de cualquier otra índole;
b. Una remuneración adecuada por los servicios que preste y seguridad social; y
c. Condiciones justas para las personas trabajadoras, que prevean como mínimo los derechos reconocidos por esta Constitución.
3. Las autoridades de la ciudad velarán en todo momento por el respeto de las condiciones propias de un trabajo digno. Para tales efectos:
a. Garantizarán el cumplimiento de los instrumentos internacionales que protejan el trabajo en cualquiera de sus manifestaciones;
b. Prohibirán el trabajo infantil, el trabajo esclavo y forzoso;
c. Fomentarán la igualdad sustantiva en el trabajo entre hombres y mujeres, incluyendo una remuneración igual por trabajo igual, así como medidas de accesibilidad para los grupos de atención prioritaria;
d. Impulsarán el pleno empleo y valorarán todas las formas de trabajo;
e. Procurarán el aumento de los ingresos reales de quienes trabajan, cualquiera que sea la naturaleza de su relación;
f. Proporcionarán a las y los habitantes que estén en edad y condiciones de trabajar, la asesoría necesaria para que conozcan y ejerzan sus derechos y, en su caso, la defensoría gratuita que les permita hacerlos efectivos;
g. Instrumentarán programas de capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo y a otras actividades productivas;
h. Establecerán mecanismos legales y administrativos para el acceso de las personas trabajadoras a un salario vital suficiente que satisfaga las necesidades de las familias;
i. Operarán programas efectivos de protección contra el desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias las condiciones necesarias para una vida digna mientras encuentran una actividad productiva que les permita gozar de los derechos propios de la ciudadanía laboral;
j. Reconocen el trabajo en el hogar y de cuidado de personas, remunerado y no remunerado, como actividades económicas que producen riqueza y bienestar, por lo que impulsarán el establecimiento de un sistema local de economía del cuidado y fomentarán un reparto equitativo de las responsabilidades correspondientes entre sus integrantes; y
k. Promoverán la formalización del empleo.
4. Los derechos laborales establecidos en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias se extenderán, en la medida en que sea posible y razonable, a todas las personas que presten sus servicios, independientemente de la naturaleza jurídica de la relación.
5. El Congreso de la Ciudad de México dictará previsiones en materia laboral que, de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sean de la competencia federal.
6. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.

E. De las personas trabajadoras asalariadas

1. Las autoridades de la ciudad promoverán que las relaciones asalariadas, en cualquier tipo de instituciones, organizaciones, empresas y hogares, se rijan por los derechos siguientes:
a. Desarrollo de las labores en un ambiente de libertad que garantice su salud física y mental, integridad, seguridad, higiene y bienestar;
b. Acceso a los beneficios de la seguridad social que comprenda seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad; invalidez y vida; ahorro, cesantía en edad avanzada y vejez; servicio de estancias y centros de desarrollo infantil; un sistema de créditos para la vivienda y para bienes de consumo;
c. Una jornada máxima semanal de cuarenta horas para el disfrute de la vida, el tiempo libre, la recreación, el descanso, la cultura y la educación;
d. Tiempo suficiente para descansar y tomar alimentos durante la jornada; al menos dos días continuos de descanso a la semana y dos periodos de vacaciones al año de diez días laborables cada uno;
e. Licencia por maternidad de seis meses con goce de sueldo y de paternidad mínima de un mes, para atender a las y los hijos recién nacidos o al inicio de una adopción, así como un tiempo mayor si tienen un hijo o hija con discapacidad;
f. Acceso a la capacitación remunerada y a la formación técnica y profesional, así como a la certificación de competencias;
g. Estabilidad en el empleo que permita la conservación del trabajo y sus ingresos;
h. Reconocimientos por los esfuerzos en la prestación de los servicios, ya sea mediante incentivos económicos o algún otro tipo de recompensas que valoren debidamente el trabajo bien ejecutado; y
i. La inspección laboral que garantice el cumplimiento de las condiciones de trabajo reconocidas por esta Constitución y las leyes aplicables.
2. Las autoridades de la ciudad, en el ámbito de sus competencias:
a. Fomentarán la disminución de las brechas de desigualdad en los ingresos y establecerán, mediante el diálogo social y los mecanismos legales adecuados, la recuperación del valor histórico del salario mínimo que corresponda a lo previsto en el Apartado A, fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
b. Promoverán el salario remunerador, referido a la cantidad y a la calidad del trabajo, así como el salario justo, derivado del equilibrio de los factores de la producción;
c. Establecerán mecanismos para el estudio permanente de salarios, precios y utilidades;
d. Protegerán los derechos de las personas trabajadoras asalariadas del hogar y promoverán la firma de contratos entre éstas y sus empleadores, así como su acceso a la seguridad social;
e. Establecerán las medidas necesarias para que las dirigencias y representaciones sectoriales ante los órganos previstos por las leyes, cumplan con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, y garantizarán la protección contra todo acto de injerencia de los poderes públicos; y
f. Fomentarán el establecimiento del diálogo obrero-patronal y del diálogo social por ramas, cadenas y sectores de la producción, como instrumentos para orientar las políticas productivas y del trabajo.
3. Las personas trabajadoras tienen derecho a la libertad de asociación sindical, a la sindicación, a la huelga y a la negociación colectiva para el establecimiento de condiciones de trabajo pactadas de manera democrática y participativa. Garantizarán su derecho a ser informadas sobre el contenido del contrato y a aceptarlo o rechazarlo.
4. Todas las dirigencias y representaciones sectoriales están obligadas a la transparencia y rendición de cuentas y gozarán de protección contra todo acto de injerencia de los poderes públicos.
5. Las autoridades laborales de la Ciudad de México:
a. Proveerán lo necesario para el establecimiento de un registro público de sindicatos y de contratos colectivos de trabajo, mediante el organismo independiente que establezca la ley;
b. Combatirán toda práctica de simulación en las relaciones de trabajo, especialmente las diversas formas de intermediación o externalización que tengan por objeto eludir el cumplimiento de las obligaciones por parte de quienes reciben los servicios;
c. Sancionarán a quienes extorsionen a las personas empleadoras con paros, amenazas de huelga y otras acciones que no respondan al legítimo ejercicio de los derechos de las personas trabajadoras;
d. Reglamentarán el recuento sindical; la elección, por medio del voto libre, secreto y directo de dirigencias y su integración a través de la representación proporcional y la igualdad sustantiva; así como la aprobación y registro de contratos colectivos de trabajo, mediante procedimientos transparentes que garanticen imparcialidad y el respeto a la voluntad de las personas trabajadoras; y
e. Favorecerán la constitución y operación de cooperativas de trabajadores y otras formas de producción, consumo y ahorro del sector social de la economía, que aporten al desarrollo económico y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan la ciudad.
6. De conformidad con la ley en la materia los conflictos de trabajo serán sometidos a los tribunales laborales competentes, los cuales impartirán justicia pronta, imparcial y expedita, atendiendo, entre otros, a los principios de primacía de la realidad, inmediatez y concentración procesal sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

F. De las personas trabajadoras no asalariadas

1. Las personas trabajadoras no asalariadas, autónomas o por cuenta propia que prestan un servicio o venden un producto de manera ocasional o eventual a otra persona física, familias, hogares o personas morales, sin que se establezca una relación de subordinación, tienen derecho a realizar un trabajo digno y a percibir un ingreso de acuerdo a las condiciones mínimas reconocidas por esta Constitución, así como a:
a. Poseer una identidad formal como personas trabajadoras no asalariadas de la Ciudad de México, a una cartilla de registro de los servicios que presta y a la certificación de sus capacidades laborales;
b. Asociarse para defender sus intereses; y
c. Recibir capacitación para mejorar el desempeño en su ocupación y la calidad de los servicios que prestan.
2. De conformidad con los requisitos que establezcan las leyes correspondientes, las personas prestadoras de servicios, vendedores fijos y semifijos tienen derecho a:
a. Desempeñar sus actividades y oficios en los espacios públicos de la ciudad, determinados por la ley;
b. Condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas en los espacios públicos donde se les permita operar;
c. Contar con servicios de educación y cuidado para sus hijas e hijos en instalaciones cercanas a los lugares donde se les permita operar; y
d. La certeza jurídica, la seguridad física y la no represión.
3. Las autoridades de la ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo previsto por la ley:
a. Protegen los derechos laborales de las personas deportistas profesionales y trabajadoras de la cultura; y
b. Reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita.
4. Se creará un fondo de pensiones y prestaciones para personas trabajadoras pertenecientes a este sector a fin de contar con recursos que les brinden acceso a la protección social, de acuerdo con un esquema flexible, en concordancia con sus necesidades. El fondo se integrará mediante convenios y con las aportaciones de las personas beneficiarias, conforme a lo que determine la ley de la materia.

G. De las relaciones de las instituciones públicas de la ciudad con sus trabajadores

1. Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la ciudad, en los organismos autónomos y en las Alcaldías, tienen derecho a la libertad de asociación sindical y a la huelga, en los términos previstos por la ley, y gozarán de los derechos establecidos en los contratos colectivos y condiciones generales de trabajo, mismos que no podrán ser menores que los reconocidos por esta Constitución.
2. En los términos que dispongan las leyes se asegurará la estabilidad laboral de las personas trabajadoras.
3. Las autoridades de la ciudad garantizarán a sus trabajadores un salario remunerador en los términos reconocidos por esta Constitución.
4. Las autoridades sólo realizarán contratos con empresas que apliquen en sus relaciones laborales los principios de trabajo y salario dignos establecidos en esta Constitución.
5. Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la ciudad y sus trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y los intersindicales, serán dirimidos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en los términos establecidos por la ley.

Artículo 16 - Ciudad incluyente

A. Grupos de atención prioritaria

La Ciudad de México protege a los grupos de personas que, debido a la desigualdad estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y constantes riesgos de vulneración a sus derechos y libertades fundamentales, por lo que se les garantiza una atención prioritaria. Las autoridades y la sociedad son corresponsables para que estas personas puedan ejercer plenamente todos los derechos reconocidos por esta Constitución, especialmente:
a. A vivir en igualdad de condiciones en la comunidad;
b. A una vida digna y libre de discriminación y violencia;
c. A decidir sobre su persona y patrimonio;
d. A la libertad, independencia, privacidad, intimidad y a la autonomía personal;
e. Al buen trato, al afecto, a la convivencia armónica y al cuidado por parte de sus familiares, las autoridades y la sociedad;
f. A la plena inclusión y la participación en la comunidad; y
g. Al trato igualitario y al amparo frente a situaciones de desprotección.

B. Disposiciones comunes

1. Las autoridades de la ciudad adoptarán las medidas necesarias para remover progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y su inclusión efectiva en la sociedad, tales como:
a. Implementar medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las causas de discriminación multifactorial que les afecten;
b. Desarrollar estrategias para su visibilización y sensibilizar a la población sobre sus necesidades e intereses;
c. Garantizar su plena participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, ajustes razonables y de cualquier otra índole sobre los asuntos que les atañen, así como para hacer efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales de manera autónoma;
d. Fomentar y apoyar la creación, desarrollo y fortalecimiento operativo de organizaciones civiles y sociales que trabajen en favor de sus derechos, así como el establecimiento de entes públicos dedicados a la defensa de los mismos;
e. Asegurar una atención integral que brinde soluciones a sus situaciones específicas con respuestas amplias y multisectoriales y promueva su máximo desarrollo individual y colectivo;
f. Realizar investigaciones y crear sistemas de información para conocer la dimensión, condiciones de vida, nivel de realización de derechos, políticas y modelos de atención a estos grupos; y
g. Garantizar que la atención y servicios que se les otorguen sean efectuados por personas capacitadas y sensibles en los temas específicos y en derechos humanos.
2. Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la desigualdad de género y la discriminación para avanzar hacia la igualdad sustantiva en las esferas económica, política, social, cultural, ambiental y del ámbito privado.

C. Derechos de las niñas, niños y adolescentes

1. Las personas que tengan hasta doce años son niñas y niños, quienes tengan entre doce y menos de dieciocho años son adolescentes. Los niñas y niños de hasta cinco años se encuentran en primera infancia.
2. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos. Por su condición de personas en desarrollo, gozan de especial atención y protección.
3. Las decisiones públicas en la materia tendrán como principios rectores el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, la autonomía progresiva, el desarrollo integral, el derecho a ser escuchados y el principio de prioridad.

D. Derechos de las personas jóvenes

1. Las personas que tengan entre doce y veintinueve años de edad, son jóvenes. Aquellas entre doce y menos de dieciocho años, también gozan de los derechos reconocidos a las niñas, niños y adolescentes.
2. La Ciudad de México reconoce a las personas jóvenes como sujetos activos de derechos y protagonistas de la vida pública, de la planeación y del desarrollo de la ciudad.
3. Las autoridades adoptarán medidas especiales para garantizar sus derechos a la identidad individual y colectiva; a la autonomía, independencia y emancipación; a la libertad de expresión e información; al libre ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos; a la participación política; a insertarse en actividades productivas y desarrollarlas.
4. Las personas jóvenes de entre doce y quince años tienen el derecho y el deber cívico de participar en consultas ciudadanas; aquellas mayores de dieciséis años tienen derecho a votar en la elección de las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías.
5. Las autoridades fomentarán la creación de trabajos dignos para las personas jóvenes entre dieciséis y veintinueve años, así como su acceso a la educación pública y a la vivienda.

E. Derechos de personas mayores

1. Son personas mayores aquellas que tengan sesenta años de edad o más.
2. Tienen derecho a una ciudad accesible y segura, a la identidad y personalidad jurídica, a servicios integrales de salud generales y especializados, a la educación y vivienda adecuadas, a la movilidad, al trabajo digno y accesible, a la recreación, a la cultura, a la tecnología, al descanso, a cuidados paliativos, a una muerte digna y a una pensión económica a partir de la edad que determine la ley.
3. La Ciudad de México establecerá un sistema integral de atención para las personas mayores que contemple la formación de las personas y las familias sobre el proceso de envejecimiento, valore sus vivencias y conocimientos, prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y atente contra su seguridad e integridad.

F. Derechos de personas con discapacidad

1. La Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad forma parte de esta Constitución.
2. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedirles la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
3. Las personas con discapacidad tienen derecho a la autonomía individual, a tomar libremente sus decisiones, al pleno reconocimiento y ejercicio de su personalidad y capacidad jurídicas en condiciones de igualdad.
4. Se implementará un sistema de salvaguardias y apoyos en la toma de decisiones que respete los derechos, las preferencias y la voluntad de las personas con discapacidad.
5. Las autoridades garantizarán la accesibilidad y el diseño universal para el ejercicio pleno de sus derechos.

G. Derechos de la población LGBTI

1. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales tienen derecho a una vida libre de violencia y discriminación, así como a ejercer su orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género y expresión de género.
2. Las autoridades establecerán políticas públicas que contribuyan a la atención y erradicación de los problemas de discriminación y violencia por su orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.
3. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil.

H. Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional

1. La Ciudad de México reconoce el derecho a la movilidad humana y social. Toda persona tiene derecho a transitar libremente por el territorio de la ciudad, a decidir su residencia, lugar de trabajo y estancia.
2. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y sus familiares, independientemente de su situación migratoria, por lo que no deberán ser criminalizados.
3. Las autoridades de la ciudad adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos, especialmente de su integridad personal, seguridad jurídica y acceso a servicios públicos con enfoques de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad y corresponsabilidad que garanticen la inclusión social y el desarrollo de las personas migrantes, nacionales y extranjeras, y las sujetas de protección internacional y sus familiares, así como de las personas desplazadas internamente, retornadas y deportadas.

I. Derechos de las víctimas

1. Las víctimas de violaciones a derechos humanos, de delitos comunes o de los relacionados con la delincuencia organizada tienen derecho a la protección y atención integral, a la defensa legal, a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación integral del daño, a la adopción de garantías de no repetición y los demás previstos por la ley en la materia. Se atenderá de manera prioritaria a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional.
2. Las autoridades establecerán un sistema integral para la atención de las víctimas que cuente con su participación, la de sus familias y comunidades a fin de promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.

J. Derechos de poblaciones en situaciones de calle

1. Las personas que habitan y sobreviven en las calles gozan de todos los derechos reconocidos por esta Constitución.
2. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la protección y restitución de sus derechos, primordialmente, al reconocimiento de su dignidad e identidad, a la seguridad personal, a la integridad y a la no discriminación; a no sufrir reclusión o desplazamientos forzados ni a ser obligados a tratamientos de rehabilitación, a trabajar o a ser institucionalizados sin su autorización; y a no ser perseguidos por conductas no constitutivas de delitos.
3. Las autoridades implementarán políticas públicas destinadas a garantizar su derecho a vivir en condiciones de dignidad y libertad, a acceder al trabajo, a la educación, justicia, servicios de salud, alimentación, acogida, vivienda y recreación.

K. Derechos de las personas privadas de su libertad

1. Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a vivir en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción social y familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una vida libre de violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la mediación y la resolución pacífica de conflictos, al contacto con sus familias y representantes legales, a la alimentación, al agua potable, al más alto nivel de salud física y mental, a la educación, al trabajo digno y remunerado, a ejercer sus derechos sexuales y derechos reproductivos, así como a acceder a servicios o actos de culto religioso.
2. Las personas mayores, aquellas con alguna enfermedad o discapacidad, las mujeres embarazadas y las madres de niñas y niños en primera infancia que se encuentren privadas de su libertad, tendrán el derecho a cumplir su reclusión en forma domiciliaria, de conformidad con lo establecido en las leyes en la materia.
3. Las prisiones serán lugares seguros para todas las personas. Se garantizará toda forma de organización lícita que permita la mediación de conflictos, el diálogo y la convivencia pacífica y armoniosa al interior de los centros de internamiento juvenil y centros de reinserción social en la ciudad.

L. Derechos de personas que residen en instituciones de asistencia social

1. Las personas que residen en instituciones de asistencia social tienen el derecho a disfrutar de un entorno seguro, afectivo, comprensivo y libre de violencia; a recibir cuidado y protección contra actos u omisiones que atenten contra su integridad; a una atención integral que les permita lograr su desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social; a servicios de calidad y calidez por personal capacitado, calificado, apto y suficiente; a una alimentación adecuada; a recibir orientación y educación acorde con su edad.
2. Las instituciones de asistencia social garantizarán que sus residentes puedan realizar actividades externas que les permitan el contacto con la comunidad, disfruten de espacios para la participación, el descanso y el esparcimiento y reciban visitas de familiares y personas cercanas.
3. Las autoridades garantizarán la protección física, mental y social de las personas que residen en instituciones de asistencia social, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva o a reintegrarse a su vida familiar, asimismo se establecerán normas y códigos de conducta que garanticen el respeto de los derechos de las personas asistidas.

M. Derechos de personas afrodescendientes

1. Las personas afrodescendientes gozan de los derechos reconocidos por esta Constitución. Tienen derecho a la protección y promoción de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural, artístico, material e inmaterial.
2. Las autoridades adoptarán medidas efectivas de trato igualitario, en consulta y cooperación con estas personas, para el ejercicio pleno de sus derechos, combatir los prejuicios y estigmas, eliminar el racismo, así como para la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias en su contra.
3. Las autoridades fomentarán la autoadscripción de las personas afrodescendientes mediante campañas de información y sensibilización para su reconocimiento.
4. Esta Constitución reconoce y protege las contribuciones históricas de las personas afromexicanas en la construcción de la nación mexicana y de la Ciudad de México.

N. Derechos de personas de origen indígena que no viven en pueblo, comunidad o barrio originario

1. Las personas de origen indígena que no viven en pueblo, comunidad o barrio originario gozan de los derechos reconocidos por esta Constitución, así como de la protección de las autoridades frente a todo acto de violencia cometido en su contra por cualquier persona o institución.
2. Las autoridades adoptarán medidas efectivas para impedir la discriminación étnica y garantizar el ejercicio de sus derechos, en particular el acceso al trabajo digno, la salud, la educación y la vivienda.

Artículo 17 - Ciudad habitable

A. Derecho a un medio ambiente sano

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el deber de protegerlo y conservarlo a fin de consolidar a la ciudad como un espacio ecológicamente equilibrado que responda a las necesidades ambientales y de desarrollo para las generaciones presentes y futuras.
2. La Ciudad de México establecerá un sistema que garantice la corresponsabilidad entre las autoridades y sus habitantes para alcanzar progresivamente una superficie adecuada de áreas verdes distribuida en las colonias y barrios, conforme a lo previsto en los estándares internacionales.
3. El deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo cause.

B. Derecho al desarrollo urbano equitativo, estético, armónico y sostenible

1. Toda persona tiene derecho a la prestación de los servicios públicos de forma suficiente, adecuada, segura, accesible, asequible y de calidad, bajo los principios de universalidad, libertad, igualdad, equidad, eficacia, eficiencia y funcionalidad.
2. La ciudad desarrollará una gestión urbano-ambiental que garantice el equilibrio urbano estético, armónico y sostenible; proteja el patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico; e impida la segregación, la exclusión territorial y el desplazamiento forzado de las personas.

C. Derecho a los espacios públicos

1. Los espacios públicos son bienes colectivos, tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley.
2. Las autoridades de la ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación en condiciones dignas y seguras que favorezcan la construcción de ciudadanía, la cohesión social y propicien el encuentro, la convivencia, el diálogo político y la expresión cultural entre personas, colectivos y comunidades.
3. Se protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Asimismo se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo.
4. Todas las personas tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación de los espacios públicos.

D. Derecho a la vía pública

1. Todas las personas gozarán del derecho colectivo al uso de la vía pública, de conformidad con lo previsto por la ley.
2. Las autoridades de la ciudad promoverán el uso socialmente justo y seguro, con perspectiva de género, accesibilidad y diseño universal, así como la solución creativa de problemas urbanos en materia de movilidad y funcionalidad de la vía pública.
E. Derecho a la accesibilidad y movilidad humana
1. Toda persona tiene derecho a la accesibilidad y movilidad.
2. La ciudad garantizará la accesibilidad y movilidad a través de sistemas integrados de transporte público adecuado a las necesidades sociales y ambientales que opere en condiciones de seguridad y comodidad.

Artículo 18 - Ciudad segura

A. Derecho a la protección civil y seguridad urbana

1. Toda persona tiene derecho vivir en un ambiente seguro, a la protección civil y a la atención en caso de emergencias, catástrofes y calamidades naturales o humanas, así como de accidentes por fallas en la infraestructura urbana.
2. Las autoridades de la ciudad adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a las amenazas actuales y futuras.
3. En el caso de construcciones, servicios e infraestructura brindada por particulares, las autoridades de la ciudad vigilarán la calidad y apego a la normatividad y garantizarán que estos se hagan cargo de la reparación de daños en caso de accidentes o catástrofes cuando incurran en responsabilidad.

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de las violencias y la delincuencia

1. Toda persona tiene derecho a vivir libre de amenazas generadas por las violencias y delitos.
2. Las autoridades de la ciudad adoptarán las medidas necesarias para brindar protección a las personas frente a los riesgos generados por la violencia y la delincuencia a través de mecanismos efectivos de vigilancia policial, inversión en infraestructura de seguridad ciudadana y de procuración e impartición de justicia.
3. Corresponde a las autoridades de la ciudad, en el ámbito de sus competencias:
a. Incorporar el enfoque de seguridad ciudadana en el diseño, equipamiento y desarrollo urbano;
b. Emitir políticas de seguridad ciudadana privilegiando el diseño e implementación de planes y programas de protección, prevención y sanción;
c. Reforzar las capacidades, articulación y coordinación de los mecanismos locales y metropolitanos de seguridad ciudadana; y
d. Promover el diálogo entre autoridades y ciudadanía para buscar soluciones participativas, integrales y multidimensionales a los problemas de seguridad.

C. Derecho a la convivencia pacífica y solidaria

1. Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria.
2. Las autoridades de la ciudad:
a. Desarrollarán políticas para la protección de las personas frente a conductas de terceros que pongan en riesgo su vida, integridad o patrimonio;
b. Diseñarán estrategias para impulsar una cultura de no violencia y resolución pacífica de conflictos, así como la atención y prevención de estos fenómenos; y
c. Establecerán instancias de mediación de conflictos y promoción de la cultura cívica.

D. Derecho a la protección ante acciones violentas de autoridades o grupos

1. Ninguna persona o familia será desalojada sin previa orden judicial.
2. En los casos de desalojos sustentados legalmente, las autoridades de la ciudad garantizarán la protección y la seguridad de las personas y de su patrimonio mediante la elaboración de protocolos de actuación y el desarrollo de políticas que garanticen la información más amplia y su indemnización en los términos previstos por esta Constitución.

Artículo 19 - Ciudad garantista

A. Progresividad interna de los derechos

1. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan la ciudad puedan ejercer sus derechos, disminuir las brechas de desigualdad, redistribuir el ingreso y elevar los niveles de bienestar.
2. La planeación anual del presupuesto de egresos se orientará a alcanzar niveles progresivos de satisfacción de los derechos.
3. Las autoridades de la ciudad establecerán un sistema de indicadores de estos derechos que permitan fijar metas en el presupuesto anual y evaluar la garantía de su cumplimiento progresivo, tomando como base los niveles esenciales y alcanzados de satisfacción conforme a lo previsto por la ley.
4. La Ciudad de México contará con un Programa de Derechos Humanos, elaborado por instituciones públicas y la sociedad, cuyo objeto será diseñar criterios de orientación para la elaboración de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, así como proponer soluciones que consideren los obstáculos detectados mediante diagnósticos y establezcan estrategias, líneas de acción, plazos, unidades responsables y medidas presupuestales.
5. El Programa tendrá una instancia ejecutora, compuesta por representantes de los tres poderes locales, de las Alcaldías, de la sociedad y de las instituciones públicas de educación superior asentadas en la Ciudad de México. La academia, las organizaciones sociales y civiles tendrán representación paritaria, serán mayoría en la instancia ejecutora y actuarán con independencia del gobierno.

B. Derecho a la memoria

1. Toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y preservar su historia, a la verdad y a la justicia por hechos del pasado.
2. El genocidio y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Las víctimas tienen derecho a la integración de comisiones de la verdad.

C. Derecho de acceso a la justicia

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la protección judicial efectiva y al debido proceso, así como a:
a. Un recurso adecuado y efectivo;
b. Un juicio justo y a un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes;
c. La defensa y asistencia jurídica gratuita en todo proceso judicial cuando carezca de recursos para cubrir los honorarios de un abogado, en los términos que establezca la ley en la materia. Se garantizará el acceso efectivo a la asistencia consular en caso de detención o privación de la libertad de personas extranjeras;
d. Una indemnización por error judicial, detención arbitraria, retraso injustificado o inadecuada administración de justicia en los procesos penales; y
e. Acceder a los medios de defensa en materia del derecho a la buena administración, de los cuales conocerá el Tribunal de Justicia Administrativa.

D. Mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos

1. Toda persona tiene derecho a acceder a mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad para demandar el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, a través de los siguientes medios de defensa:
a. Acción de protección efectiva de derechos, la cual podrá interponer cualquier persona para reclamar el respeto a sus derechos en cualquier momento y mediante una solicitud oral o escrita ante juez competente, cuya resolución no podrá exceder de diez días naturales y será de inmediato cumplimiento. Este medio de defensa es potestativo y deja a salvo la interposición de cualquier otra acción judicial para la defensa de los derechos;
b. Juicio de restitución obligatoria de derechos humanos, el cual deberá interponer la Defensoría del Pueblo en los términos que prevea la ley ante las autoridades jurisdiccionales competentes de la materia en que versen los derechos violados, cuando sus recomendaciones hayan sido aceptadas por la autoridad responsable y hubiere vencido el término correspondiente para su cumplimiento, a fin de que se emitan las medidas necesarias para su ejecución. En los casos que las recomendaciones no sean aceptadas, la Defensoría del Pueblo brindará acompañamiento y asistencia jurídica a las víctimas en las acciones legales dirigidas a la protección efectiva de sus derechos y a la reparación integral por la violación a los mismos. La resolución de estos juicios no podrá exceder del plazo de veinte días naturales; y
c. Los demás recursos previstos por las leyes de cada materia.
2. Toda persona podrá denunciar la violación a los derechos reconocidos por esta Constitución ante las autoridades competentes.
3. Los derechos y garantías establecidos por esta Constitución serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier autoridad, de oficio o a petición de parte, conforme a los principios previstos en esta Constitución y al máximo de los recursos públicos disponibles.

E. Derecho a la reparación integral

1. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
2. La violación de los derechos y garantías implicará la restitución obligatoria de los mismos cuando ésta sea materialmente posible, así como la reparación integral que contemple medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, conforme a lo previsto por la ley.
3. Los concesionarios de servicios públicos y las empresas que provean bienes y servicios a las autoridades de la ciudad, están obligados a reparar el daño por violaciones a los derechos reconocidos en esta Constitución, que resulten del desempeño de sus actividades, sin perjuicio de las demás responsabilidades previstas por la ley.
4. Las autoridades de la Ciudad de México asumen la responsabilidad solidaria y subsidiaria en la reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos reconocidos por esta Constitución, cometidos por las personas servidoras públicas locales, en los supuestos que señale la ley.
5. Cada ente público será responsable en el cumplimiento de la reparación integral. El Congreso local establecerá partidas presupuestales anuales que hagan efectiva esta garantía, a través de un fondo administrado por los entes públicos responsables.

F. Control difuso de constitucionalidad y convencionalidad

Es obligación del Poder Judicial de la ciudad ejercer el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los instrumentos y jurisprudencia internacionales, a esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
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Licencia por maternidad de seis meses con goce de sueldo y de paternidad mínima de un mes, para atender a las y los hijos recién nacidos o al inicio de una adopción, así como un tiempo mayor si tienen un hijo o hija con discapacidad
Vale la pena comentar que estos seis meses de maternidad se definen para facilitar los objetivos nacionales e internacionales (OMS, UNICEF, IMSS) de lactancia materna exclusiva (http://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/) y de apego, con el fin de mejorar la salud materno-infantil, el desarrollo cognitivo del bebé y la convivencia familiar, debido a las alarmantes cifras que México ostenta en estadísticas actuales, como 1er lugar en mortalidad y obesidad infantil así como menor número de semanas de maternidad de la OCDE, más de cinco mil muertes al año por cáncer de mama, más de dos mil por cáncer de ovario, múltiples alergias en el bebé, entre otras, que pueden evitarse en gran parte con lactancia materna.
Asimismo, el dar más tiempo para el establecimiento de la lactancia representa una reducción de gasto público y familiar (por compra de leches maternizadas, gastos médicos y productividad perdida por frecuente enfermedad infantil = 2,426.50 millones de dólares anuales, calculado en el país entero).
Sin embargo, aún cuando la madre no lacte (por decisión propia, médica, o en caso de adopción) se considera el mismo tiempo para efectos de apego, que es amor y cercanía para un mejor desarrollo humano y familiar.
El Gobierno de la CDMX ya dio el primer paso en este tema, con la llamada Nueva Cultura Laboral, que otorga más tiempo de maternidad y paternidad a sus servidores públicos. Pues bien, este inciso es una propuesta para que todos los ciudadanos, no solo servidores del gobierno, gocen de estos derechos.
��
Me encuentro totalmente de acuerdo con este derecho, así como con todos los que se especifican en la sección de derechos de los trabajadores asalariados. Tanto en la maternidad, como en los días de vacaciones, las horas de trabajo y otras disposiciones, las leyes en México se encuentran absolutamente rezagadas respecto a los estándares mínimos para garantizar la calidad de vida de la población. Es urgente ponernos al nivel del resto del mundo, y es deseable que no sólo se mantenga esto en esta constitución, sino que esto sirva de ejemplo y primer paso para mejorar las condiciones del resto del país. No es posible tener buenas condiciones económicas si arrastramos con prácticas laborales con décadas de atraso.
ART 14,
Sobre las disposiciones comunes, a la letra del articulo se establece que las autoridades adoptaran las medidas necesarias para erradicar las desigualdades estructurales, a lo que me parece una norma desproporcionada acorde con los DDHH de los ciudadanos. Quienes tienen la misma igualdad ante la Ley suprema y en la cual establece que todos tenemos derecho a todos los beneficios establecidos.
Estas desigualdades estructurales no solo se refieren a una cuestion economica o monetaria, si no que van màs alla.
Buscan fomentar condiciones de vida dignas, para todas las personas, a lo cual, mi parecer es que la redaccion del presente articulo es erronea, pues no scontempla uno de los supuestos que es el economico, no destacando que los derechos personales que le son conferidos en la Constituciòn a la persona, van mas alla de un ambito economico o territorial, el veredadero problema con la gran desigualdad de la poblacion, es que los gobernantes no invierten en materia de educaciòn y salud, destinando presupuesto a otras funciones del estado.
A mi parecer y criterio la fracciòn primera del ART 14 sobre la Ciudad Solidaria, no engobla un correcto contexto de la realidad social que vive la ahora Ciudad de Mèxico.
Una redaccion que deja mucho que desear y que en beneficio de las personas de bajos recursos que habitan en la Ciudad de Mèxico, deberian de tener mas acceso a otro tipo de enriquecimiento, no solo el economico, si no tambien el cultural y el sector salud.
El artículo 9 apartado A frcc 1, es inconstitucional ya que conforme a a interpretación jurisprudencial del artículo 133 y 1° de la constitución la máxima jerarquía normativa la tiene la CPEUM y al existir una restricción expresa en la misma a algún derecho está deberá prevalecer sobre el derecho mismo, de esta manera es evidente que los derechos no tienen la máxima jerarquía normativa por lo que el artículo sería inconstitucional al violar el artículo 133 de la CPEUM. http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=restricci%25C3%25B3n%2520derechos&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=45&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&IDTipoTesis=100&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2008935&Hit=14&IDs=2012990,2012681,2012072,2011588,2011397,2011292,2011009,2010807,2009607,2009405,2009319,2009417,2009004,2008935,2008892,2007932,2006585,2006224,2005823,2005825&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
Yo qiero comentar que en el apartado de los derchos de las personas con discapacidad, hablen del appyo economico que se le otorga, y que contemplen el hacerlo UNIVERSAL, si a los adultos mayores se les otorga de manera universal por que les es mas dificil obtener esta ayuda a una edad avanzada (recuerden que todos debido al paso de los años vamos hacia una discapacidad) tambien deberia considerarse este rubro, ya que desde pequeños estas personas requueren de un apoyo y estimulos durante toda su vida, y que deberia considerarse universal para todos
lícitos
Pueden llegar a existir interés ilícitos y que por esta misma razón la persona se manifiesta . Recordemos que la ilicitud proviene de la ley y de las buenas costumbres por lo que si una persona tiene un pensamiento diverso a la ley no hay por que restringir su libertad de expresión.
Mas bien lo que tiene que ser licito deberá de ser la manera en la que expresa este derecho.
Principio Constitucional Federal y Derecho Humano.
Con respecto al Artículo 14 “Ciudad Solidaria”, Fracción F “Derecho al más alto nivel de salud”, Número 7, que declara la impunibilidad del consumo de cannabis con la excepción de algún caso de peligro o daño a derechos de las demás personas, debemos tomar en consideración lo que la Constitución y Ley General de Salud mencionan al respecto.
La Ley General de Salud es muy clara al delimitar la competencia de las entidades federativas en materia de salud:
CAPITULO II.
Distribución de Competencias.
Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:
C. Corresponde a la Federación y a las entidades federativas la prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud, en los términos del artículo 474 de esta Ley.
El artículo 474 de la misma Ley establece:
Artículo 474.- Las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este capítulo, cuando los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. (…)
Por lo que el modo de que se conozca, resuelva o ejecuten las sanciones y medidas de seguridad relativas a los narcóticos previstos en la ley (en el caso concreto: Cannabis Sativa, Indica o Mariguana) es que el narcótico objeto del mismo sea de cantidad inferior a 5,000 g, es decir, 1000 multiplicado por el monto previsto en la tabla (5g).
Ahora bien, el correlativo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona:
TITULO SEPTIMO: Delitos Contra la Salud. CAPITULO: I De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos.
Artículo 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia.
Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública.
Atendiendo al artículo 237º de la Ley General de Salud que menciona nuestra Carta Magna, se establece que:
Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el Artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia.
Para completar, el artículo anterior nos remite al artículo 235 de la Ley General de Salud, mismo que para efectos aclaratorios se inserta a continuación:
“Artículo 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V. (Se deroga). VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.
Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.”
De los preceptos anteriormente citados resulta evidente que aquel que se pretende añadir a la Constitución Local de la Ciudad de México, consistente en no sancionar de forma alguna el consumo de la cannabis, derivaría en un precepto a todas luces inconstitucional; toda vez que el artículo constitucional menciona detalladamente los artículos de la Ley General de Salud que serán punibles.
Mismos que fueron previamente citados para su mejor comprensión y análisis, probando que el consumo de la cannabis se encuentra EXPRESAMENTE prohibido, previsto tanto en el numeral 235 y 237 de la Ley General de Salud.
Además, la misma Ley únicamente permite dicho uso con fines médicos y científicos, que incluso requerirá de la autorización de la Secretaría de Salud.
Por lo que por lo anteriormente mencionado, procedería entonces el desechamiento inmediato de la mínima consideración respecto al artículo 14, F-7 por ser resultar evidentemente inconstitucional.
Respecto del Articulo 9:
Artículo 9 - Principios de aplicación e interpretación de los derechos
A. Bloque de constitucionalidad y convencionalidad de derechos humanos
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías contenidos en esta Constitución, en la de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en las leyes nacionales y locales. Los derechos tienen la máxima jerarquía normativa.
Es inconstitucional este ultimo parrafo: “los derechos tienen la máxima jerarquía normativa”, debido a que el articulo 133 de la constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de supremacia constitucional, que es la norma conmayor jerarquia del ordenamiento juridico, no es permitible decir que los derechos tienen la maxima jerarquia normativa, ya que lo es la Constitucion.
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.
El articulo tercero en el que menciona “la autoridad velara en todo momento por el respeto de las condiciones propias de un trabajo digno” en su fraccion tercera hace mencion de que se garantizara el cumplimiento de los instrumentos internacionales, esto es inconstitucional, ya que no se esta respetando la supremacia constitucional que se encuentra en nuestra Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en el articulo 133.
El artículo 10 apartado A habla de que Toda persona tiene derecho a la autodeterminación, a la libertad de pensamiento, al libre desarrollo de su personalidad, a disfrutar de su tiempo libre, al ocio, a la recreación, a la elección de su identidad social y cultural, a disponer de su propio cuerpo y a manifestar públicamente sus afectos.
Es inconstitucional ya que no establece un límite al ejercicio de ese derecho de disponer libremente de su cuerpo, me parece que el límite debería ser la sociedad y la moral.
De acuerdo al artículo 16 , letra D. que dispone: D. Derechos de las personas jóvenes, 4. Las personas jóvenes de entre doce y quince años tienen el derecho y el deber cívico de participar en consultas ciudadanas; aquellas mayores de dieciséis años tienen derecho a votar en la elección de las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías.
Va en contra de los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo concerniente a las facultades de los jóvenes entre doce y quince años, lo anterior tiene una razón respecto a la capacidad y madurez de ejercer el derecho de voto y se dispone como requisito tener la mayoría de edad, que es la edad considerada para que un sujeto pueda ejercer libremente y de forma “madura” su derecho al voto. Lo anterior tiene mucha relevancia ya que la edad que dispone ésta Constitución, claramente està en contra de los principios constitucionales y de acuerdo al principio de supremacía Constitucional ninguna constitucional local, puede prever una disposición que vaya en contra de nuestra ley fundamental; asi mismo no hay una congruencia con lo dispuesto del carácter teológico que intenta plantear dicho articulado.
De acuerdo al artículo 16 , letra D. que dispone: D. Derechos de las personas jóvenes, 4. Las personas jóvenes de entre doce y quince años tienen el derecho y el deber cívico de participar en consultas ciudadanas; aquellas mayores de dieciséis años tienen derecho a votar en la elección de las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías.
Va en contra de los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo concerniente a las facultades de los jóvenes entre doce y quince años, lo anterior tiene una razón respecto a la capacidad y madurez de ejercer el derecho de voto y se dispone como requisito tener la mayoría de edad, que es la edad considerada para que un sujeto pueda ejercer libremente y de forma “madura” su derecho al voto. Lo anterior tiene mucha relevancia ya que la edad que dispone ésta Constitución, claramente està en contra de los principios constitucionales y de acuerdo al principio de supremacía Constitucional ninguna constitucional local, puede prever una disposición que vaya en contra de nuestra ley fundamental; asi mismo no hay una congruencia con lo dispuesto del carácter teológico que intenta plantear dicho articulado.
De acuerdo al artículo 16 , letra D. que dispone: D. Derechos de las personas jóvenes, 4. Las personas jóvenes de entre doce y quince años tienen el derecho y el deber cívico de participar en consultas ciudadanas; aquellas mayores de dieciséis años tienen derecho a votar en la elección de las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías.
Va en contra de los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo concerniente a las facultades de los jóvenes entre doce y quince años, lo anterior tiene una razón respecto a la capacidad y madurez de ejercer el derecho de voto y se dispone como requisito tener la mayoría de edad, que es la edad considerada para que un sujeto pueda ejercer libremente y de forma “madura” su derecho al voto. Lo anterior tiene mucha relevancia ya que la edad que dispone ésta Constitución, claramente està en contra de los principios constitucionales y de acuerdo al principio de supremacía Constitucional ninguna constitucional local, puede prever una disposición que vaya en contra de nuestra ley fundamental; asi mismo no hay una congruencia con lo dispuesto del carácter teológico que intenta plantear dicho articulado.
De acuerdo al artículo 16 , letra D. que dispone: D. Derechos de las personas jóvenes, 4. Las personas jóvenes de entre doce y quince años tienen el derecho y el deber cívico de participar en consultas ciudadanas; aquellas mayores de dieciséis años tienen derecho a votar en la elección de las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías.
Va en contra de los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo concerniente a las facultades de los jóvenes entre doce y quince años, lo anterior tiene una razón respecto a la capacidad y madurez de ejercer el derecho de voto y se dispone como requisito tener la mayoría de edad, que es la edad considerada para que un sujeto pueda ejercer libremente y de forma “madura” su derecho al voto. Lo anterior tiene mucha relevancia ya que la edad que dispone ésta Constitución, claramente està en contra de los principios constitucionales y de acuerdo al principio de supremacía Constitucional ninguna constitucional local, puede prever una disposición que vaya en contra de nuestra ley fundamental; asi mismo no hay una congruencia con lo dispuesto del carácter teológico que intenta plantear dicho articulado.
El artículo 17 quedó muy pobre, siendo que las discusiones públicas han estado justo en estos renglones.
  1. La perspectiva del espacio público debe ser en singular. El espacio es único, los espacios se entrelazan para formar uno único, de otra manera lo que tenemos son pedazos de ciudad fraccionados, aislados, que pueden servir a unos pero no a otros.
  2. En el derecho a la movilidad se había avanzado en la propia ley de movilidad, en el informe de la CDHDF al respecto.
  3. Tiene que haber una fracción específica de los derechos del peatón que recupere los planteamientos de la Carta de los Derechos del Peatón.
  4. El derecho a la vía pública es una buena idea, podría profundizarse más, puesto que es la base para que las vialidades no tengan un uso único (autos), sino los paseos dominicales, calles de juego, manifestaciones, logística, etc.
  5. Añado. En lo que alcancé a avanzar de propuestas para la constitución, antes de incorporarme como funcionario, escribí algunas ideas sobre estos temas: www.constitucioncd.mx
Con respecto al Artículo 14 “Ciudad Solidaria”, Fracción F “Derecho al más alto nivel de salud”, Número 7 (mismo que se declara la impunibilidad del consumo de cannabis puesto que menciona la no sanción de cualquier forma al consumo de ésta, con la excepción de algún caso de peligro o daño a derechos de las demás personas, debemos tomar en consideración lo que la Constitución y Ley General de Salud mencionan al respecto.
La Ley General de Salud es muy clara al delimitar la competencia de las entidades federativas en materia de salud:
CAPITULO II.
Distribución de Competencias.
Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:
C. Corresponde a la Federación y a las entidades federativas la prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud, en los términos del artículo 474 de esta Ley.
Dicho numeral establece:
Artículo 474.- Las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este capítulo, cuando los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. (…)
Por lo que el modo de que se conozca, resuelva o ejecuten las sanciones y medidas de seguridad relativas a los narcóticos previstos en la ley (en el caso concreto la Cannabis Sativa, Indica o Mariguana) es que el narcótico objeto del mismo sea de cantidad inferior a 5,000 g, es decir, 1000 multiplicado por el monto previsto en la tabla (5g).
Ahora bien, el correlativo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona:
TITULO SEPTIMO: Delitos Contra la Salud. CAPITULO: I De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos.
Artículo 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia.
Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública.
Atendiendo al artículo 237º, relativo a la cannabis, en la Ley General de Salud:
Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el Artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia.
Para completar, el artículo anterior nos remite al artículo 235 de la Ley General de Salud, mismo que para efectos aclaratorios se inserta a continuación:
Artículo 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V. (Se deroga). VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.
Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.
De los preceptos anteriormente citados resulta evidente que aquel que se pretende añadir a la Constitución Local de la Ciudad de México, consistente en no sancionar de forma alguna el consumo de la cannabis, derivaría en un precepto a todas luces inconstitucional; toda vez que el artículo constitucional menciona detalladamente los artículos de la Ley General de Salud que serán punibles.
Mismos que fueron previamente citados para su mejor comprensión y análisis, probando que el consumo de la cannabis se encuentra EXPRESAMENTE prohibido, previsto tanto en el numeral 235 y 237 de la Ley General de Salud.
Además, la misma Ley únicamente permite dicho uso con fines médicos y científicos, que incluso requerirá de la autorización de la Secretaría de Salud.
Por lo que por lo anteriormente mencionado, procede entonces el desechamiento inmediato de consideración alguna respecto al artículo 14, F-7 por ser resultar evidentemente inconstitucional.
El artículo 12, sección a, comete el mismo error de la Constitución. Debe decir que”si la petición contiene argumentos, estos deben ser aceptados o refutados”. Actualmente cualquier carta es respuesta, lo que aprovechan las autoridades para evadir el problema.
El apartado E del capítulo 10, sobre derechos reproductivos, debería incluir de forma más explícita el acceso al aborto legal y gratuito como un derecho.
Me refiero al artículo 16, apartado D, numeral 4, del proyecto de Constitución de la Ciudad de México, el cual habla del derecho a que tienen las personas mayores de 16 años a votar en la elección de la autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías. Al respecto, me permito comentar lo siguiente:
De conformidad con los artículos 132 y 139 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que hablan de la formación del Padrón Electoral y de la actualización de éste, en particular y en específico, a lo referente a la edad para formar parte del Padrón Electoral, cuyos artículos citados mencionan que como requisito para la formación e inscripción al Padrón Electoral es ser mayor de 18 años cumplidos entre el 1° de diciembre y el día de los comicios, deberán solicitar su inscripción a más tardar el día 30 de noviembre previo a la elección y, con base en dicho Padrón Electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores expedirá, en su caso, las credenciales para votar.
Por lo anterior, considero que se estaría contraponiendo el artículo 16, apartado D, numeral 4 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México, con los artículos 132 y 139 de la LGIPE.
�E����
En el artículo 17, considero que es necesario añadir una palabra. Aclara que la superficie de áreas verdes debe alcanzar una superficie adecuada de áreas verdes bien distribuida de acuerdo a estándares internacionales. Pero no aclara cuales son estos estándares.
Si bien la intención es buena, creo que de dejarse sujeto a interpretación, uno podría sujetarse tanto a un estándar internacional bueno, como a otro malo (que tal los lugares con pésimo manejo de la ecología).
Sin necesidad de hacer una referencia directa a ninguna organización o país, añadir la palabra “mejores”, de modo que se lea “mejores estándares internacionales”, quita las posibles interpretaciones y respeta el encomiable y positivo espíritu detrás de estos puntos.
Me queda mucho la duda, donde queda la defensa a la propiedad privada, siendo este un derecho universal reconocido desde hace siglos, me parece que debe ser reconocido en nuestra nueva constitución.
De acuerdo, falta la defensa a la propiedad privada.
Tampoco encuentro ninguna protección a los derechos de los empresarios formales, ni de los empresarios de pequeñas empresas en la formalidad. Antes encontré defensa al ambulantaje y comercio informal.