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CIUDADANÍA Y EJERCICIO DEMOCRÁTICO
Ciudad de México 1 Contributor
September 15, 20161 Version
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Ciudad de México. (2016). CIUDADANÍA Y EJERCICIO DEMOCRÁTICO. PubPub, [https://www.pubpub.org/pub/constitucioncdmx-ciudadania] version: 57dae72a4099fb39005db72c

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Ciudad de México. "CIUDADANÍA Y EJERCICIO DEMOCRÁTICO". PubPub, (2016). [https://www.pubpub.org/pub/constitucioncdmx-ciudadania] version: 57dae72a4099fb39005db72c

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Ciudad de México. "CIUDADANÍA Y EJERCICIO DEMOCRÁTICO". PubPub, (2016). [https://www.pubpub.org/pub/constitucioncdmx-ciudadania] version: 57dae72a4099fb39005db72c
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TÍTULO TERCERO - DE LA CIUDADANÍA Y EL EJERCICIO DEMOCRÁTICO

CAPÍTULO I - DE LAS PERSONAS ORIGINARIAS Y DE LAS QUE HABITAN LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 27 - De las y los habitantes, originarios, residentes y transeúntes

1. En la Ciudad de México se entiende por:
a. Habitantes, a las personas que se encuentran cotidianamente en la ciudad;
b. Originarias, a las personas nacidas en su territorio, así como sus hijas e hijos;
c. Residentes, a las personas que se domicilien en su territorio de manera ininterrumpida, por al menos seis meses; y
d. Transeúntes, a las personas que transitan por su territorio.
2. Todas las personas tienen los derechos reconocidos por esta Constitución.

Artículo 28 - Deberes de las personas que habitan la ciudad

1. Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno.
2. Son deberes de las personas que habitan la Ciudad de México:
I. Ejercer los derechos reconocidos por esta Constitución, respetar y hacer respetar los derechos de las personas y contribuir al acceso universal de los mismos;
II. Conocer y cumplir las disposiciones de la presente Constitución y las leyes que de ella emanen;
III. Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional y sostenible;
IV. Contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, conforme lo dispongan las leyes;
V. Promover la defensa del interés público por encima del interés particular;
VI. Prestar a las autoridades el auxilio para el que fueren legalmente requeridos;
VII. Vigilar la administración correcta de los recursos públicos, así como denunciar y combatir actos de corrupción;
VIII. Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural y natural de la ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos;
IX. Tratar a todas las personas con igualdad;
X. Participar en la vida política, cívica y comunitaria, de manera honesta y transparente; y
XI. Ser solidario con la comunidad y ayudar a otras personas en caso de un accidente o desastre natural.

Artículo 29 - De la ciudadanía

1. Se reconoce la ciudadanía universal e integral como un vínculo existente entre las personas y la comunidad a la que pertenecen para el goce de los derechos reconocidos en esta Constitución, que se ejercerán en los casos y con los requisitos que determine la ley.
2. El sufragio es libre, universal, secreto y obligatorio tanto para la elección de autoridades como para el ejercicio de la democracia directa.
3. El derecho al sufragio inicia a los 16 años, en los supuestos previstos por esta Constitución y las leyes en la materia.
4. La ley determinará los casos en que las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes pueden participar en la toma de decisiones públicas conforme a los derechos que les reconoce esta Constitución.

CAPÍTULO II - DE LA DEMOCRACIA DIRECTA, PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA

Artículo 30 - Democracia directa

A. Disposiciones comunes

1. En la Ciudad de México sus habitantes tienen el derecho y el deber de participar en la solución de problemas de interés general y en el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad a través de los mecanismos de democracia directa y participativa reconocidos por esta Constitución.
2. Las autoridades de la ciudad garantizarán la democracia participativa, entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública, en los términos que las leyes señalen.

B. Iniciativa ciudadana

1. La ciudadanía tiene el derecho de iniciar leyes y decretos, así como reformas a esta Constitución ante el Congreso local, el cual establecerá una comisión para su debido procesamiento.
2. Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al menos el cero punto veinticinco por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la ciudad.
3. El Congreso local deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud en un plazo no mayor de quince días hábiles. La ley establecerá los procedimientos para que, una vez admitida la iniciativa ciudadana, las personas proponentes puedan incorporarse a la discusión de los proyectos de legislación.
4. Tendrá el carácter de preferente aquella iniciativa que se presente dentro de los primeros quince días del periodo legislativo y cuente con al menos el cero punto cinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo, por lo que deberán desahogarse en ese periodo.
5. La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal o tributaria.

C. Referéndum

1. Se reconoce el derecho ciudadano a aprobar mediante referéndum las reformas a esta Constitución, las demás disposiciones normativas de carácter general que sean competencia del Congreso local, incluida la participación en el proceso de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a solicitud de:
a. Al menos el cero punto cuatro por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la ciudad;
b. Una tercera parte de los integrantes del Congreso local;
c. Un tercio de las Alcaldías;
d. Los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios, en las materias que les afecten; y
e. Los organismos autónomos, en los asuntos relativos a sus competencias.
2. Las decisiones legislativas que tengan por objeto la ampliación de derechos, así como las relativas a las materias penal y tributaria, no serán sometidas a referéndum.
3. El Tribunal Constitucional verificará el cumplimiento de los requisitos para que se lleve a cabo, de conformidad con lo que establezca la ley.

D. Plebiscito

1. La ciudadanía tiene derecho a ser consultada en plebiscito para aprobar o rechazar decisiones públicas que sean competencia del Poder Ejecutivo de la ciudad, a solicitud de:
a. Al menos el cero punto cuatro por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo;
b. La persona titular de la Jefatura de Gobierno;
c. Una tercera parte de los integrantes del Congreso local;
d. Los organismos autónomos, en los asuntos relativos a sus competencias; y
e. Los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios, en las materias que les afecten.
2. El Tribunal Constitucional verificará el cumplimiento de los requisitos para que se lleve a cabo, de conformidad con lo que establezca la ley.

E. Consulta ciudadana

1. La ciudadanía tiene derecho a la consulta en términos de lo dispuesto por esta Constitución y la ley de la materia. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, las instancias de la administración pública local y las Alcaldías, el Congreso local, las Asambleas Ciudadanas, los Comités Ciudadanos, los Consejos Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos, por sí o en colaboración, deberán someter a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros u otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales de la ciudad.
2. La consulta ciudadana podrá ser solicitada por las personas que habiten en las demarcaciones territoriales; en las colonias; o en cualquiera de los ámbitos territoriales, organizados por su actividad económica, profesional, sindical, cooperativista, ejidal, comunal, agraria, agrícola, productiva, industrial, comercial, de prestación de servicios, entre otras; así como por las Asambleas Ciudadanas, Comités Ciudadanos, los Consejos Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos de una o varias colonias o demarcaciones territoriales.

F. Revocación del mandato

1. La consulta para revocación del mandato sólo procederá una vez, cuando haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular de que se trate.
2. La ciudadanía tiene derecho a solicitar la revocación del mandato de representantes electos en los siguientes supuestos:
a. Cuando así lo demande al menos el diez por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo;
b. A petición de la persona titular del cargo de representación popular.

G. Vinculatoriedad del referéndum, plebiscito, revocación de mandato y consultas ciudadanas

1. Los resultados del referéndum y plebiscito serán vinculantes cuando cuenten con la participación de al menos la tercera parte de las personas inscritas en el listado nominal de electores del ámbito respectivo.
2. Las consultas ciudadanas serán vinculantes en los casos que determine la ley.
3. En el caso de la revocación del mandato, sus resultados serán obligatorios siempre que se manifieste, a favor de ésta, al menos el mismo número de votos con los que la persona titular del cargo fue electa, en el ámbito respectivo.
4. En los casos en que proceda la revocación de mandato, el Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones convocará a nuevas elecciones en un plazo no mayor a sesenta días naturales; en tanto, ejercerán el cargo las personas suplentes. Cuando se trate de la Jefatura de Gobierno, se estará a lo dispuesto por esta Constitución. La ley establecerá los procedimientos para la realización de las consultas revocatorias.

Artículo 31 - Democracia participativa

A. Gestión, evaluación y control de la función pública

1. Las autoridades de la ciudad y las Alcaldías establecerán mecanismos de gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa y democrática en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos, en los términos que establezca la ley.
2. Los poderes públicos, los organismos autónomos y las Alcaldías están obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas deliberativas y rendir cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la administración de los recursos y la elaboración de las políticas públicas.
3. La ley establecerá los mecanismos institucionales que posibiliten el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía para el diseño presupuestal y de los planes, programas y políticas públicas, la gestión de los servicios y la ejecución de los programas sociales. Entre otros, los de consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión pública, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, asamblea ciudadana, observatorios ciudadanos y presupuesto participativo.
4. Esta Constitución reconoce la participación de las personas que habitan la Ciudad de México, en sus más variadas formas, ámbitos y mecanismos que adopte la población de manera autónoma y solidaria, en los distintos planos de la democracia participativa: territorial, sectorial, temática, pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán respetar y apoyar sus formas de organización.
5. El gobierno de la ciudad, los organismos autónomos y las Alcaldías tendrán, en todo momento, la obligación de fortalecer la cultura ciudadana y la corresponsabilidad entre las personas que habitan la ciudad, mediante diversos programas, mecanismos y procedimientos que la ley establezca.

B. Presupuesto participativo

1. Las personas tienen derecho a decidir la forma en que se aplican recursos en proyectos específicos en la Ciudad de México, las demarcaciones territoriales, colonias, pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios en que se divide su territorio, a través del presupuesto participativo.
2. La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la determinación, organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y control del presupuesto participativo.

Artículo 32 - Democracia representativa

A. Candidaturas sin partido

1. La ciudadanía podrá presentar candidaturas para acceder a cargos de elección popular sin necesidad de que sean postuladas por un partido político, siempre que cuenten con el respaldo de una cantidad de firmas equivalente al uno por ciento de la lista nominal de electores en el ámbito respectivo, de conformidad con lo previsto por la ley.
2. La ley electoral establecerá las reglas y procedimientos para su registro y participación, así como las medidas para garantizar condiciones de equidad en el acceso a las prerrogativas entre las candidaturas sin partido y las de los partidos políticos en todo el proceso electoral.
3. Los requisitos que establezca la ley para su registro se guiarán por los principios de justicia, racionalidad y proporcionalidad.
4. La ley electoral deberá fomentar la paridad en las fórmulas de candidaturas sin partido.

B. Partidos políticos

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, reconocidos por el orden jurídico de la ciudad y que cuenten con registro ante el Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones de la Ciudad de México. La ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.
2. Los partidos políticos respetarán los derechos de militancia, asociación y libre expresión de sus integrantes.
3. La selección de las candidaturas se hará de conformidad con sus estatutos en procedimientos democráticos internos de selección que consideren la diversidad cultural y cualquier grupo significativo de la sociedad. Asimismo, la ley determinará los procedimientos para garantizar que, en la postulación de candidaturas, los partidos políticos cumplan con el principio de paridad de género y el de transparencia, respecto de la publicidad de los perfiles curriculares y declaraciones patrimoniales, así como de la trayectoria profesional y política de las y los candidatos.
4. En las elecciones locales podrán participar los partidos políticos nacionales y locales que obtengan el registro correspondiente en la ciudad, de conformidad con lo previsto por la ley.
5. Los partidos políticos locales se constituirán sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente. Se prohíbe y sancionará toda forma de afiliación coaccionada.
6. Los requisitos que deberán cumplirse para el registro de un partido político ante el Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones de la Ciudad de México, así como las causas de pérdida de éste, serán establecidos por la ley.
7. La ley señalará:
I. El contenido mínimo de los documentos básicos que rijan la vida interna de los partidos políticos locales y garantizará que éstos sean democráticos, respeten los derechos de los militantes, candidatos y ciudadanos y contribuyan a la difusión de la cultura cívica democrática;
II. Las obligaciones y prerrogativas a que se encuentran sujetos los partidos políticos en la ciudad;
III. Su derecho a recibir, de forma igualitaria, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y por actividades específicas como entidades de interés público, así como los montos y procedencia del financiamiento privado al que puedan acceder;
IV. El monto total del financiamiento de origen público a distribuir entre los partidos políticos, que será determinado anualmente por el Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones;
V. Su derecho a conformar frentes, coaliciones y candidaturas comunes, conforme lo señale la ley;
VI. Las reglas para las precampañas y campañas electorales. Las campañas electorales durarán noventa días para la elección de Jefe de Gobierno, y sesenta días cuando sólo se elijan diputados al Congreso y las Alcaldías. Las precampañas electorales no podrán abarcar más de las dos terceras partes de la duración de las respectivas campañas;
VII. La obligación de que en la propaganda política o electoral que difundan, se abstengan de expresiones que calumnien a las personas;
VIII. La información que deberán hacer pública para transparentar sus actividades y el origen, monto y destino de sus recursos; así como el procedimiento para que los ciudadanos les soliciten información y puedan presentar recursos, en caso de inconformidad;
IX. El procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;
X. Los mecanismos de verificación para garantizar que sus documentos básicos y demás normatividad que rija su vida interna se apegue a los principios constitucionales, legales y sean democráticos. Asimismo, verificará la integración paritaria de sus órganos directivos, pudiendo negar el registro de estos cuando no se cumpla con ello;
XI. Las demás bases para la contribución de los partidos al fortalecimiento de la democracia y la construcción de ciudadanía a través de los procesos electorales en la ciudad.

C. Sistema de nulidades en materia electoral y de participación ciudadana

1. La ley contará con un sistema de nulidades a través del cual se determinarán las causales que generarán la invalidez de elecciones de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones locales y Alcaldías, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad de México.
2. Sin perjuicio de las causales específicas que prevea la ley de la materia, será nula la elección o el proceso de participación ciudadana en el que se acredite la existencia de irregularidades graves que violenten los principios previstos en esta Constitución.
3. El Tribunal Electoral y de Procesos Democráticos contará con una defensoría electoral como órgano de orientación ciudadana en la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley.
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FE DE ERRATAS:
En el recuadro de entrada a este título dice:
“Ciudadanía y Ejericicio Democrático”
debe decir:
Ejercicio
Gracias Rodolfo, ya se corrigió.