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DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN
Ciudad de México 1 Contributor
September 15, 20161 Version
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Ciudad de México. (2016). DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN. PubPub, [https://www.pubpub.org/pub/constitucioncdmx-administracion] version: 57dae7414099fb39005db72d

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TÍTULO QUINTO - DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN

Artículo 66 - De la profesionalización para la buena administración

1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de la instauración de un gobierno abierto, profesional, honesto y efectivo.
2. Los poderes locales, las Alcaldías y los organismos autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán políticas de profesionalización y un servicio profesional de carrera fundado en el mérito y la igualdad de oportunidades.
3. Las leyes fijarán los órganos rectores, sujetos, criterios, términos y condiciones bajo los cuales se organizarán los procesos para el ingreso, capacitación, formación, certificación, desarrollo y evaluación del desempeño del personal, entre otros.
4. Las políticas de profesionalización estarán orientadas a que las personas servidoras públicas observen en su actuar los principios de la buena administración, a fin de preservar el régimen democrático, garantizar el interés general y la dignidad humana.
5. La Administración Pública de la Ciudad de México contará con una institución para organizar y gestionar la profesionalización del gobierno, de conformidad con lo que establezcan las leyes.

CAPÍTULO I - DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 67 - Del control interno en la Ciudad de México

1. Todos los entes de la Administración Pública de la Ciudad de México, de las Alcaldías y de los organismos autónomos deberán contar con órganos internos de control y tendrán los siguientes objetivos:
I. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;
II. Sancionar aquellas responsabilidades distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México;
III. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos de la ciudad; y
IV. Presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a la que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, las leyes generales en la materia y las leyes locales expedidas al efecto regularán las facultades, procedimientos de selección y la integración de los órganos internos de control de la ciudad. Todos los contralores internos serán seleccionados y formados a través de un sistema de profesionalización y rendirán cuentas ante el Sistema Local Anticorrupción. Los órganos internos de control serán independientes de las dependencias a las que se les asignen y su titularidad será ocupada de manera rotativa.

Artículo 68 - Del Sistema de Auditoría Superior

1. La Auditoría Superior de la Ciudad de México tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización, funcionamiento y resoluciones. Ejercerá sus funciones de fiscalización bajo los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
2. La Auditoría Superior podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la cuenta pública. Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.
3. La Auditoría deberá fiscalizar las acciones del gobierno de la Ciudad de México y de las Alcaldías en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría tendrán carácter público y deberán cumplir con estándares de datos abiertos que garanticen su interoperabilidad.
4. La Jefatura de Gobierno deberá enviar la cuenta pública de cada ejercicio fiscal a más tardar el 30 de abril del año inmediato posterior, salvo que solicite una ampliación de plazo que esté suficientemente justificada a juicio del Congreso local.
5. La persona titular de la Auditoría será elegida por dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso por un periodo no menor a siete años y deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Contar con una experiencia mínima de cinco años en materias de control, auditoría financiera y de responsabilidades administrativas;
II. Los requisitos de las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
III. No formar parte de partido político alguno;
IV. No desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia; y
V. Los demás requisitos que señale la ley.
6. La Auditoría Superior de la Ciudad de México tendrá a su cargo:
I. Fiscalizar en forma posterior:
a. Los ingresos, egresos y deuda de la Ciudad de México.
b. El manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los entes públicos de la ciudad;
II. Realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de la Ciudad de México, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley;
III. Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación para la adecuada y eficiente realización de sus facultades de fiscalización de recursos federales en la ciudad;
IV. Fiscalizar los recursos locales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades de los derechos de los usuarios del sistema financiero;
V. Solicitar y revisar información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión, abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas de la Ciudad de México. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión;
VI. Sin perjuicio de lo previsto en la fracción anterior, en las situaciones que determine la ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior, previa autorización de su titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la ley y en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Ciudad de México rendirá un informe específico al Congreso local y en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes;
VII. Entregar al Congreso de la ciudad, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno del Congreso local. El Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas;
VIII. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de la Ciudad de México y efectuar visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos; y
IX. Derivado de sus investigaciones y una vez substanciado el procedimiento correspondiente, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a las personas servidoras públicas locales y a los particulares. El Poder Ejecutivo local aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la presente fracción.
7. Las entidades fiscalizadas a las que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Ciudad de México que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la ley.
8. El procedimiento del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y de los informes individuales al que se refiere la fracción VII, numeral 6 del presente artículo, será el siguiente:
I. De manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior de la Ciudad de México para la elaboración de los informes individuales de auditoría;
II. La persona titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México enviará a las entidades fiscalizadas los informes individuales que les correspondan, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo al Congreso local, mismos que contendrán recomendaciones y acciones para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en ley. Lo anterior no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la ley;
III. La Auditoría Superior de la Ciudad de México deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas. En caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas;
IV. En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior de la Ciudad de México las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o en su caso, justificar su improcedencia;
V. La Auditoría Superior de la Ciudad de México deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1° de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya presentado en los términos de este artículo. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a la hacienda pública de la ciudad o al patrimonio de los entes públicos locales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procesos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; y
VI. La Auditoría Superior de la Ciudad de México deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el Informe General Ejecutivo al Congreso local; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.

Artículo 69 - Del Sistema Anticorrupción de la Ciudad De México

1. La Ciudad de México contará con un Sistema Anticorrupción para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, basado en la coordinación entre los órganos encargados del control interno de los poderes públicos, organismos autónomos, Alcaldías y demás dependencias, la fiscalización de los recursos públicos, la transparencia y el acceso a la información, la sanción de responsabilidades administrativas y la participación de la ciudadanía, de conformidad con las leyes generales expedidas en esta materia por el Congreso de la Unión.
2. El Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México será dirigido por un Comité Coordinador, conformado por las personas titulares de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; por la persona que presida el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; por la persona que presida el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de la Ciudad de México; por la persona titular del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; por un representante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; por la persona titular del órgano de control del Congreso local y por un representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, quien lo presidirá.
3. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco personas que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. La ley establecerá los procedimientos para su designación, garantizando su experiencia en las materias señaladas, su independencia de los partidos políticos y del gobierno de la ciudad y sus conocimientos sobre administración pública. La ley determinará las remuneraciones y apoyos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
4. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la ley y sin perjuicio de las facultades otorgadas en particular a cada uno de los órganos que lo integran:
I. El establecimiento de mecanismos de coordinación con el sistema nacional anticorrupción y con las Alcaldías;
II. La formulación de diagnósticos que establezcan las causas institucionales que generan oportunidades para la comisión de hechos de corrupción;
III. El diseño y promoción de políticas públicas en materia de fiscalización y control de los recursos públicos y del ejercicio de las atribuciones de las personas servidoras públicas, así como de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción;
IV. La determinación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones públicas, académicas, sociales y privadas;
V. La vinculación con los mecanismos de participación ciudadana previstos en esta Constitución y el impulso de otras, destinadas al combate a la corrupción;
VI. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de la ciudad en materia de fiscalización, control de los recursos públicos y de responsabilidades;
VII. La formulación de recomendaciones a las autoridades locales, destinadas a eliminar las causas institucionales que generan hechos de corrupción, tanto en las normas como en los procesos administrativos, así como en los vínculos entre los poderes públicos y los particulares. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones emitidas por el Comité estarán obligadas a emitir respuesta fundada y motivada en los plazos y con las modalidades que establezca la ley; y
VIII. La elaboración de informes públicos que contengan los avances y resultados del ejercicio de sus funciones, de la aplicación de las políticas y los programas destinados a combatir la corrupción, de las recomendaciones emitidas y de las respuestas correspondientes.
5. El Sistema contará con el auxilio técnico y administrativo de un Secretariado Ejecutivo que será designado por el Comité Coordinador en los términos que determine la ley y dependerá de la presidencia de este último. El Secretariado Ejecutivo tendrá el carácter de órgano descentralizado del gobierno de la ciudad y apoyará los trabajos del sistema mediante la generación, compilación y procesamiento de la información pertinente para identificar las causas que generan hechos de corrupción; el diseño de metodologías e indicadores para medir y evaluar los hechos de corrupción en la Ciudad de México; y la formulación de los proyectos de informes y recomendaciones que emitirá el Comité Coordinador.

CAPÍTULO II - DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS

Artículo 70 - De las responsabilidades administrativas

1. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como personas servidoras públicas quienes accedan a un cargo de elección popular, las personas integrantes del Poder Judicial local, las personas funcionarias y empleadas del gobierno de la ciudad y de las Alcaldías y en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los poderes públicos o en los organismos autónomos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. Las personas servidoras públicas serán responsables por el manejo de recursos públicos y por el ejercicio de sus atribuciones.
2. Toda persona servidora pública tendrá la obligación de rendir cuentas y presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones sobre su situación patrimonial, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como de sus posibles conflictos de interés, en los términos que determinen las leyes generales y locales respectivas.
3. Se prohíbe la contratación de publicidad para promover la imagen o proyectos de las personas servidoras públicas de la ciudad, sólo podrá contratarse para difundir eventos, avisos y resultados de la acción gubernamental.
4. Los particulares que participen en actos de corrupción serán sancionados de conformidad con las leyes emitidas por el Congreso de la Unión y el Congreso local con multas económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y contratación de obras públicas; resarcimiento de los daños y perjuicios que ocasionen a la hacienda pública; e inhabilitación para desempeñar empleos públicos con independencia de cualquier otra responsabilidad en la que incurran.
5. Las personas morales serán sancionadas en los términos señalados en el párrafo anterior, cuando los actos de corrupción sean cometidos por personas físicas que actúen en nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. Cuando se acredite que dichos actos causaron un perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos de la ciudad, también podrá ordenarse la suspensión de actividades o la disolución o intervención de la sociedad respectiva, siempre que la persona moral haya obtenido un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos en que se advierta que la persona moral es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.

Artículo 71 - De la responsabilidad política

1. Las personas servidoras públicas son políticamente responsables cuando, en el ejercicio de sus funciones, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos de la ciudad o en su buen despacho. Serán sujetas de juicio político las personas representantes popularmente electas, las personas que tengan un cargo de magistratura en el Poder Judicial, las personas integrantes del Consejo de la Judicatura de la Ciudad, las personas titulares de los organismos autónomos, de las Secretarías del gabinete, de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, del Sistema Anticorrupción, así como las personas que ocupen un cargo de Directores Generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados y fideicomisos públicos de la ciudad, cuando incurran en:
a. La violación a los principios constitucionales o la conducta de la persona servidora pública no corresponda estos;
b. Violaciones a los derechos reconocidos por esta Constitución;
c. El ataque a las instituciones democráticas;
d. La usurpación de atribuciones;
e. La prevaricación y el enriquecimiento ilícito;
f. Cualquier infracción u omisión a esta Constitución o a las leyes cuando cause perjuicios graves a la ciudad o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;
g. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la ciudad; y
h. Las demás previstas por la ley.
2. No procede el juicio político por la simple expresión de ideas.
3. El juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que la persona servidora pública desempeñe su cargo o dentro de un año después.
4. Cuando la persona sujeta de juicio político sea miembro del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o de algún organismo autónomo, el Congreso de la Ciudad de México funcionará como órgano instructor de la acusación, en tanto que el Tribunal Constitucional se erigirá como órgano de sentencia. Cuando se trate de una persona integrante del Poder Judicial de la ciudad, el Congreso local agotará el procedimiento en su totalidad en los términos previstos por la ley.
5. Las sanciones consistirán en la destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público de conformidad con lo que determine la ley.

Artículo 72 - De la responsabilidad penal

1. Las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo. Ninguna goza de fuero o inmunidad.
2. Las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, de las diputaciones al Congreso local, de las magistraturas, de las Secretarías del gabinete, de la Fiscalía General, así como de las Alcaldías no podrán ser privadas de su libertad durante el periodo de su encargo. Los procesos penales en su contra se llevarán a cabo sin que proceda prisión preventiva. En caso que se dicte sentencia condenatoria, se solicitará inmediatamente al Congreso la separación del cargo de la persona servidora pública.
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DEMOCRATICEMOS LOS EMPLEOS PÚBLICOS EN LA CDMX
PROPUESTA A LOS HONORABLES DIPUTADOS CONSTITUYENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LOS CIUDADANOS DE LA CDMX CANSADOS DE
Que constantemente observamos que los empleos y cargos administrativos de los tres poderes de gobierno de esta Ciudad y de las delegaciones son otorgados:
· Como pago al apoyo en campañas políticas.
· Por los titulares de las áreas administrativas, legislativas, judiciales o por los sindicatos en una forma no democrática.
· Frecuentemente a personas que carecen de formación y capacitación.
· A amigos, paisanos, compañeros de escuela, familiares o incluso amantes.
· A personas con influencia para obtener altos cargos sin tener carrera pública ni experiencia.
· En las áreas dedicadas a la familia, a las o los cónyuges (aunque los cargos sean honorarios) constituyendo nepotismo institucionalizado.
FUNDANDO
· Que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente, y en que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. (Art. 21 fracciones 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)
· Que toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes. (Art. XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre) y
CONSIDERANDO
· Que las actuales formas de asignación de los puestos públicos no son transparentes, públicas, equitativas ni democráticas violándose por sistema los derechos humanos arriba referidos.
· Que los criterios para obtener un empleo o cargo público en la CDMX deben de ser la igualdad, el mérito, la transparencia, la imparcialidad y libertad de toda influencia de políticos, funcionarios y sindicatos.
· Que todos los empleos en el gobierno de la CDMX son un bien público que pertenece a todos los ciudadanos, del que actualmente se dispone como cosa privada por funcionarios y sindicatos.
· Que la vigente y pésima legislación federal y local respecto a servicio profesional, entrega los procesos de empleo público a jerarcas administrativos y sindicales, desvirtuándolos.
· Que el actual sistema de servicio público es una de las causas de corrupción e ineficiencia.
· Que el Gobierno de la CDMX y las delegaciones están inequitativamente utilizando extensivamente contratos de honorarios por tres meses para tener trabajadores baratos violando el derecho humano a la Seguridad Social (Art. XVI de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano)
· Que el artículo 66 “De la Profesionalización para la Buena Administración” del proyecto de la Constitución de la CDMX, en que sólo propone que haya “políticas”, en nada contribuye a la transformación y sí da pie para la continuación de la inequidad y vicios en el servicio público.
Por lo que
PROPONGO
Que realmente sea creado un servicio civil de carrera en la CDMX, para lo que el artículo 66 del proyecto de la Constitución de la Ciudad de México deberá ser sustituido por el siguiente texto:
1. Todo ciudadano con domicilio en la Ciudad de México tiene derecho a participar directamente en el gobierno de ésta, garantizándose su acceso al empleo público en condiciones de mérito, igualdad, imparcialidad, transparencia y eliminación de toda la influencia, considerándose el servicio civil una institución democrática y los empleos de la Ciudad de México como un bien público.
2. En la CDMX, en ningún nivel, área, función o puesto administrativo están permitidas las designaciones de servidores públicos o el acceso a la función pública por parentesco, pertenencia a partidos políticos o influencia de los superiores jerárquicos o sindical.
3. Estos principios aplican para los empleos administrativos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y para las alcaldías, organismos desconcentrados, descentralizados y entidades paraestatales de la CDMX.
4. En el poder ejecutivo, los puestos públicos de jefatura de nivel inmediato inferior y dependientes directamente de los titulares designados por elección popular son de designación directa por éstos, pero todos los demás niveles, sean de titulares de áreas administrativas o empleados de cualquier nivel, serán ocupados por concurso público y abierto.
5. Los servidores públicos designados por concurso serán considerados miembros del servicio civil de la Ciudad y no estarán obligados a renunciar o a ser cambiados de área al concluir o iniciar cualquier periodo de gobierno o por cambio de sus superiores. Las causas de rotación serán previstas por la ley secundaria.
6. En la CDMX el documento de identificación de empleados y de funcionarios será igual para todos, identificándolos únicamente como empleados, quedando prohibida toda expedición de “charolas”. Para la realización de actos de molestia a ciudadanos o para comisiones temporales, se expedirán mandamientos específicos.
7. Los familiares de los servidores públicos de la CDMX no tienen función pública alguna, ni acceso a ningún tipo de recursos o decisiones gubernamentales.
8. La ley preverá que los titulares de todas y cualquiera de las áreas administrativas y de los puestos con sueldos iguales o superiores al de la jefatura de nivel más bajo, designados por concurso, deberán contar con título y cédula profesional, relacionadas directamente con la función que desempeñen; y para los empleos de nivel menor, con los certificados de estudios necesarios conforme a la Ley.
9. No podrán celebrarse contratos de honorarios para funciones con asignación permanente en un lugar de trabajo, en un local del gobierno de la ciudad de México, con horarios y que hagan funciones operativas permanentes o para la población a nombre de la CDMX. Quienes hagan este tipo de trabajo deberán recibir nombramiento con las prestaciones de ley o podrán demandarlo. Los contratos de honorarios o por servicios serán únicamente para el desarrollo de nuevos proyectos temporales y de tipo profesional; y deberán ser publicados obligatoriamente en la página de acceso a la información correspondiente.
10. La ley dispondrá los procesos de acceso, promoción, permanencia y separación del servicio civil, que serán desarrollados y ejercidos por un organismo autónomo bajo los principios enunciados. En él participarán como garantes de dichos principios, las universidades y los organismos no gubernamentales que se autopropongan o sean invitados para ese efecto, y que podrán expresar libre y públicamente sus objeciones, opiniones y propuestas de mejora sobre los procesos mencionados.
11. Dicho organismo estará al servicio de la administración pública central, de los órganos desconcentrados, descentralizados y entidades paraestatales de la CDMX, que estarán obligados a realizar sus procesos de ingreso, promoción, permanencia y separación a través del mismo.
12. Las alcaldías tendrán su propio organismo de servicio civil o podrán celebrar convenio con el ya mencionado para que el desarrollo de dichas funciones.
13. Los titulares responsables del órgano y órganos de servicio civil central y de las alcaldías, serán designados por el congreso local por el periodo que la ley establezca.
14. Todos los funcionarios y empleados de la Ciudad de México, están obligados a ejecutar los planes del gobierno legítimamente elegido, observando la ley secundaria a este artículo y la legislación federal y local aplicable.
15. En el gobierno de la CDMX y en las alcaldías están prohibidos los puestos de secretario particular y secretario privado. Los titulares de elección popular y los de segundo nivel, dependientes de los primeros, sólo contarán con una secretaria y un chofer. La ley determinará los criterios y formas para asignación de personal de seguridad a funcionarios.
16. La ley secundaria incluirá un apartado relativo a responsabilidades administrativas y sus sanciones.
17. La ley secundaria que regule el servicio civil del poder ejecutivo de la CDMX será de interés público.
18. Los poderes judicial y legislativo tendrán su propio ordenamiento de servicio civil bajo las mismas reglas.
En el articulo 72 inciso 2, es notoria una clara violación a la carta magna, la cual consiste en contravenir el articulo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,el cual reza que no se puede llevar un proceso penal en donde un funcionario público sea Probable Responsable,antes deberá de enfrentar un juicio de procedencia, el cual se llevará a cabo frente a las Legislaturas locales, por lo cual es notorio el vicio de inconstitucionalidad que posee el articulo previamente mencionado.
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.
Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.